La supuesta connivencia entre un mando policial y Desokupa, la empresa que se dedica a los desalojos extrajudiciales de viviendas, ha sembrado la polémica en el municipio ibicenco de Sant Antoni de Portmany, gobernado por el PP. Los grupos políticos de izquierda de la localidad han reclamado la destitución del jefe de la Policía Local, Alejandro Ponce, por presuntamente colaborar con la empresa Desokupa, con la que trabajaría codo con codo en los desalojos que se registran en la localidad, tal como denuncian desde la oposición. No en vano, una pareja de desalojados asegura que Ponce se personó junto a Daniel Esteve, líder de Desokupa y agitador político y social, en la puerta de la vivienda para exigirles su salida inmediata, un extremo que el Ayuntamiento desmiente taxativamente. Aseguran, además, que Esteve les pagó en ese instante 2.000 euros y les ofreció el contacto de una amigo que, por 300 euros, les alquilaría una vivienda vacía de un banco.

De acuerdo a las manifestaciones de ambos afectados, el desalojo que sufrieron el pasado mes de agosto se realizó en estrecha colaboración entre Ponce y Esteve. Ambos se personaron, aseguran, en la puerta del domicilio de los supuestos ‘okupas’ para desalojar a la pareja, según explicó la pareja en el programa de la Sexta Equipo de Investigación. Frente a tales acusaciones, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha desmentido tajantemente que su Policía trabaje “codo con codo” con la organización Desokupa, cuyo propietario se ha dedicado en los últimos años a difundir bulos y mensajes racistas en redes sociales con el objetivo de expulsar a presuntos ocupas de los domicilios en los que estaban residiendo, publicando sus datos personales, amenazándolos e intimidándolos.