Friso Roscam, portavoz de Justicia de la Comisión Europea, se expresó el lunes con claridad: «No hay más fondos disponibles (para ayudar a España en su lucha contra la inmigración irregular). Ya hemos ofrecido todo lo que tenemos». Así las cosas, el viaje de la vicepresidenta Fernández de la Vega ayer a Helsinki y hoy a Bruselas no ofrece grandes perspectivas, pese a las poderosas razones que apoyan la demanda española: la inmigración ilegal no es un problema español porque muchos de quienes ingresan irregularmente en nuestro país se aprovecharán de la libre circulación de personas en el seno de la UE – y de la inexistencia de controles fronterizos en el espacio Schengen – y acabarán residiendo en otros países de la UE… Son estas impotencias las que merman irremediablemente el crédito de la Unión Europea a los ojos de los ciudadanos europeos. Porque si el Gobierno de la Unión, la Comisión Europea, es incapaz de adoptar decisiones pragmáticas y eficaces en cuestiones tan simples y tan obvias, ¿cómo cabe esperar de él que sea capaz de actuar en otros ámbitos más creativos y que están en la verdadera médula de la construcción europea?