Una exrepresentante de Vox en el Parlamento de Canarias, Marta Gómez, ahora diputada no adscrita, ha arremetido este martes en el pleno de la Cámara regional contra el discurso de “la extrema derecha” en materia migratoria.

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Gómez ha preguntado a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, sobre las medidas para luchar contra el racismo, la xenofobia y la islamofobia, así como para proteger a los colectivos que la padecen, especialmente a los menores migrantes no acompañados.

Y en su intervención ha señalado que la mayoría de los delitos de odio que se producen en Canarias tienen que ver con el racismo y la xenofobia, lo que ha dicho que se ha incrementado por “la propagación progresiva de discursos que están llenos de odio”.

“Ejemplo de lo que digo y lo he vivido son las manifestaciones que se han organizado en la extrema derecha en contra de lo que ellos llaman invasión migratoria”, ha aseverado Gómez, quien también ha censurado los mensajes xenófobos dirigidos principalmente contra los inmigrantes procedentes del norte de África, los menores no acompañados o la comunidad musulmana.

A su juicio, están basados generalmente “en estereotipos, bulos o incidentes descontextualizados” que pretenden asociar la llegada de inmigración irregular con la inseguridad ciudadana.

En su réplica a la exdiputada de Vox, la consejera Candelaria Delgado ha detallado que el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, cuyo objetivo es la prevención del racismo y la xenofobia, ya está en la última fase de redacción para su aprobación.

La consejera ha precisado que el fin último de este plan es luchar contra los discursos de odio, el racismo, la xenofobia y la islamofobia.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Ha comentado que este plan fue fruto de un proceso de protección comunitaria con todos los agentes implicados, donde se participó conjuntamente por la comunidad canaria y se generaron espacios de encuentro entre todas las personas que residen en Canarias.

En esta estrategia están implicadas todas las consejerías del Gobierno de Canarias y va a tener tres bloques de desarrollo con más de 30 objetivos y 50 medidas concretas para crear “una sociedad más igualitaria, más inclusiva y donde los discursos de odio sean contundentemente replicados”, ha agregado.