El Partido Popular ha decidido desplegar todos los instrumentos que estén en su mano para evitar que el Gobierno ceda a la exigencia de Junts de transferir de manera “integral” todas las competencias en materia de inmigración a Cataluña. Los populares han registrado una proposición no de ley para forzar al Congreso a pronunciarse sobre la pretensión de los neoconvergentes de que el Gobierno ceda una competencia exclusiva del Estado, como se establece en el artículo 149 de la Carta Magna, a la Generalitat.

Fuentes gubernamentales afirman que lo que se ultima es un pacto de “colaboración” para que los Mossos trabajen con Policía Nacional y Guardia Civil en el control de fronteras, es decir, un sistema similar al alemán.

No obstante, ante la insistencia de Junts reclamando la transferencia “integral”, el PP alude en su proposición al artículo 12 de la Ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que establece entre las competencias exclusivas que ejerce la Policía Nacional el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y de extranjeros, además de todas las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. Y recalca que, según el artículo 150.2 de la Constitución sólo se pueden transferir las materias susceptibles de delegación y entre ellas no se encuentran las de inmigración.

A las CCAA, recuerda el texto de la proposición, les corresponden únicamente las medidas de integración, inclusión y participación en la sociedad de las personas inmigrantes. En este sentido, los populares insisten en que “una pretendida ley orgánica basada en el artículo 150 de la Constitución para transferir las competencias integrales en materia de inmigración sería inconstitucional ya que la ley fundamental no contempla una cogestión de estas competencias”. Para llevar a cabo ese tipo de transferencia sería necesario, según el PP, introducir cambios en la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Según Génova, la ley no deja margen para la interpretación: “Son los agentes de la Policía Nacional quienes ostentan la exclusividad de las competencias y atribuciones en materia de extranjería y fronteras en cualquier parte del territorio nacional”.

En la proposición acusan a Sánchez de “negociar clandestinamente” con los partidos independentistas “desafiando el cumplimiento íntegro de la Carta Magna y la legislación vigente en materia migratoria y de fronteras” y advierten que la Comisión Europea “está vigilante” ante este tipo de cesiones que afectan al espacio Schengen.

Con estos argumentos, el PP reclama al Congreso instar al Gobierno a cumplir íntegramente con la legislación de extranjería y la Constitución; ejercer sus funciones de control de los flujos migratorios y de las fronteras en todos los territorios del Estado; respetar las competencias exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y garantizar como competencias no delegables ni transferibles el control sobre los permisos de trabajo y residencia de los extranjeros, las solicitudes de asilo y protección internacional y la gestión exclusiva de los pasos fronterizos.