La pausa veraniega ha sido este año más corta y menos relajada de lo habitual por varias razones, y entre ellas la particular intensidad actual de la confrontación política –con todos los puentes rotos entre los dos hemisferios ideológicos–, la gran cercanía de la próxima consulta electoral –las elecciones autonómicas catalanas del primero de noviembre – y la persistencia insistente de problemas concretos de los que preocupan a la ciudadanía, algunos previsibles y crónicos –la inmigración irregular o el desarrollo del llamado
proceso de paz
–, otros excepcionales como la crisis incendiaria que ha padecido Galicia con una insólita virulencia.


Por todo ello, hablar de
rentrée
es más un tópico que una realidad puesto que no ha habido apenas discontinuidad entre el curso político que ha terminado y el que empieza, y dado que no se ha advertido en los equipos políticos la menor intención de mudar de actitud o de aplicar los conocidos aforismos que sugieren la conveniencia de revisar periódicamente las propias posiciones para modernizarlas y pegarlas convenientemente al terreno. Y lo cierto es que está arrancando un periodo decisivo que durará previsiblemente hasta mayo del 2008 –unos veinte meses por tanto–, durante el cual tendremos que resolver problemas de gran envergadura en un clima que será de campaña electoral continua puesto que, una vez celebradas las elecciones catalanas del 1 – N, habrá que preparar sin pausa las autonómicas y municipales de mayo del 2007 –en las que Rajoy y el PP se juegan bastante más que lo que objetivamente estará en juego – , para pasar de inmediato a la campaña previa a las elecciones generales que tendrán lugar sólo un año después. Todo ello contando con que se cumplan los plazos previstos, que Zapatero no parece dispuesto a acortar.


Como ha quedado insinuado más arriba, y aunque como es lógico todas las fuerzas políticas se juegan mucho en todas las elecciones en las que participan, la coyuntura es especialmente delicada para Rajoy y para el PP por una razón fácilmente inteligible: el presidente de la principal fuerza de oposición, claramente espoleado por la impronta de Aznar –oculto pero bien audible–, ha optado por practicar una estrategia extraordinariamente dura, en línea con la etapa más árida del ex presidente, en contra de su propio talante de natural afable y de la opinión de sectores moderados de su propio partido. Evidentemente, si tal estrategia no da resultado incluso a corto plazo, la posición del líder, cuya principal legitimidad proviene del dedo de Aznar, quedaría muy en precario.


De cualquier modo, el Gobierno y las fuerzas políticas han de ser plenamente conscientes de que en esta próxima etapa han de conducirse dos asuntos que interesan especialmente a la sociedad española, que sigue sus vicisitudes con lógica expectación: la inmigración desordenada e incontrolable, de un lado, y el proceso de desaparición de ETA, de otro. En tercer lugar, a gran distancia de los anteriores desde el punto de vista de la atención ciudadana, está el desarrollo de la reforma territorial, que en cierta manera queda a la expectativa de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el Estatuto de Cataluña.


En todo ello, y como es notorio, han saltado hace tiempo por los aires los últimos vestigios de los grandes pactos de Estado que se mantuvieron con mayor o menor vigor prácticamente desde comienzos de la Transición. En realidad, no es demasiado trascendente que se exhiban o no públicamente esos consensos esenciales (sobre política exterior, sobre la estructura del Estado, etc.): lo realmente importante, y que da fe de la madurez de la superestructura política que rige los destinos de la nación, es la existencia de una racionalidad palpable en el sistema de relaciones políticas, un sentido de la medida y de la proporción en el debate. Así por ejemplo, no es malo que PP y PSOE discutan sobre cómo gestionar la inmigración ilegal, pero sería inconcebible que ambos partidos no estuvieran tácitamente juntos en las gestiones ante Europa para lograr la complicidad de nuestros socios en el abordaje del problema. Y no está ni mucho menos claro que esta connivencia de fondo, propia de los regímenes adultos, esté teniendo lugar.


En definitiva, y puesto que es una pérdida de tiempo cualquier invocación a la recuperación de los viejos pactos fundacionales del sistema (que en realidad no están tan rotos como se nos quiere hacer ver), habrá que sugerir a los grandes actores de la política una cierta grandeza y altura de miras, exigidas por la preocupación ciudadana ante los temas antes citados. La escéptica sociedad española no perdonaría a su clase política que el
proceso de paz
fracasase por la enemistad que se profesan PP y PSOE. Y si acaban produciéndose en España conflictos racistas por una sobreabundancia inasimilable de la inmigración irregular, la ciudadanía pedirá cuentas no sólo al Gobierno de turno sino a toda la clase política… Valdría, pues, la pena que nuestros próceres guardaran la compostura y aderezaran su ejecutoria con unas dosis de cercanía al sentir colectivo, que hoy está demasiado apartado del proceso político.