El Gobierno de Aragón ha anunciado que no participará en la acogida de menores migrantes si Cataluña y País Vasco quedan excluidos del acuerdo de reparto. La decisión, comunicada por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, y ratificada por la vicepresidenta autonómica, Mar Vaquero, se basa en la premisa de que esta exclusión rompe el principio de solidaridad interterritorial. La medida ha generado debate en el ámbito político y social, ya que afecta directamente a la distribución de los menores que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad en Canarias y Ceuta.
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El reparto, propuesto por el Gobierno canario y respaldado por el Ministerio de Juventud e Infancia, contempla la reubicación de 4.500 menores migrantes no acompañados, de los cuales 4.000 provienen de Canarias y 500 de Ceuta. Esta distribución se basa en los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de 2022,que incluyen factores como la población, la renta per cápita, el índice de paro, el esfuerzo económico y la dispersión territorial.

Sin embargo, la exclusión de Cataluña y País Vasco ha sido interpretada por el Ejecutivo aragonés como una maniobra política que favorece a estos territorios en detrimento del resto de comunidades autónomas.
Desigualdad entre las comundiades autónomas

Desde el Gobierno de Aragón han criticado lo que consideran un nuevo trato de favor hacia estas regiones, señalando que esta decisión refuerza una desigualdad que ya se ha manifestado en otros ámbitos, como la financiación autonómica. Mar Vaquero ha acusado al Gobierno central de aplicar una política de privilegios que responde a intereses partidistas, en lugar de mantener un enfoque solidario y equitativo. En su intervención, la vicepresidenta aragonesa ha insistido en que la acogida de menores migrantes debe abordarse desde un marco de corresponsabilidad entre todas las comunidades, sin excepciones ni favoritismos.

El Ejecutivo aragonés ha reiterado su compromiso con la solidaridad y el bienestar social, pero ha subrayado que cualquier medida en este sentido debe respetar la igualdad entre comunidades autónomas. La negativa a participar en el reparto de menores mientras Cataluña y País Vasco queden exentos es, según sus palabras, una respuesta a una política que fomenta la división territorial en lugar de buscar soluciones conjuntas.
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una desición polémica

Este anuncio ha generado diversas reacciones en el panorama político. Mientras que desde el Gobierno central defienden que la medida responde a las capacidades y contextos de cada comunidad, la oposición en Aragón ha criticado la postura del Ejecutivo autonómico, argumentando que se trata de una decisión que pone en juego la protección de menores en situación de vulnerabilidad.

El debate sobre la acogida de menores migrantes en España sigue abierto, y el rechazo de Aragón a participar en el reparto bajo estas condiciones plantea un nuevo desafío en la gestión de la crisis migratoria. La cuestión ahora es si el Gobierno central modificará su propuesta para garantizar un reparto equitativo o si, por el contrario, se mantendrá el actual esquema de distribución, lo que podría profundizar las diferencias entre comunidades autónomas.