El Gobierno ha cerrado este jueves con Canarias los criterios para distribuir a los 4.400 menores extranjeros no acompañados que aguardan hacinados en centros de Canarias y Ceuta. El Ministerio de Juventud e Infancia dice que todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña y el País Vasco, tendrán que acoger a estos niños y adolescentes e involucrarse en su cuidado «de manera solidaria y sostenible». Pero no niega que podrían tener una menor carga porque para el reparto se va a tener en cuenta el número de menores que ya han acogido previamente o los que tienen a su cargo en la actualidad.

La ministra Sira Rego y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se han reunido en Madrid durante una hora para abordar la distribución de los menores migrantes no acompañados. Ven cada vez más cerca la solución, sobre todo después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, haya aceptado costear el 100% del gasto hasta que los acogidos cumplan los 18 años. La semana que viene, Clavijo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirán para concretar la financiación, aunque desde el Gobierno ya avanzan que este aspecto «no será problema».

Se ha dado «un paso importantísimo» según Rego, porque «los criterios planteados por el Gobierno de Canarias prácticamente coinciden con los que el Ministerio de Juventud e Infancia ha planteado desde un inicio». Los criterios de reparto consensuados son la renta per cápita, la población, el paro, la dispersión territorial y «el esfuerzo hecho en convocatorias previas en materia de acogida».
Menor carga

Clavijo explicó que la inclusión de este criterio del esfuerzo permitirá que algunas comunidades que tienen más menores acojan ahora a menos. En el Ministerio de Rego no ocultan que «el País Vasco y Cataluña han hecho un esfuerzo» en anteriores repartos, que les permitiría asumir una menor carga en esta distribución de ahora. Esto buscaría contentar a Junts y PNV, dos socios prioritarios para Pedro Sánchez. La cuestión es si podrían llegar a quedar eximidos del reparto.

Sin embargo, las mismas fuentes insisten en que este reducción se vería compensada por otro lado porque tienen un mayor PIB o más población que otros territorios. «La solución puntual contempla que todos los territorios se involucren de manera solidaria y sostenible para garantizar los derechos de la infancia», recalca el Gobierno.

Cataluña y el País Vasco han participado en todos los planes de contingencia. A 31 de enero de 2025, Cataluña tenía 6.734 menores, mientras que en País Vasco hay cerca de 790. En Madrid se registraban, en octubre de 2024 unos 4.000 niños y adolescentes acogidos.
Recelos

Pese a ese mensaje, desde el PP mantienen cierta incredulidad. Ven posible que el Gobierno permita que Cataluña y País Vasco hagan un menor esfuerzo en la acogida, o que, incluso, queden fuera del reparto de menores. Unos recelos que están presentes en las autonomías que gobiernan los populares, que afean que, en lugar del interés general, se prime el interés de Carles Puigdemont. «Sería bueno que algo que afecta a las comunidades autónomas, al menos se contara con las comunidades autónomas», denuncian desde Castilla y León. En Murcia, por ejemplo, se quejan de que esta comunidad «está desbordada» 674 menores tutelados y que el Gobierno tiene que «escuchar a todas las comunidades».

Los populares están vigilantes para ver cómo se concreta el reparto de los menores, cómo se aterrizan esos criterios técnicos. «Este Gobierno tiene por costumbre tratar de manera asimétrica a los partidos de las autonomías de las que no depende la continuidad de Sánchez», explican desde la dirección popular. Clavijo aseguró ayer que lo que se busca es un «sistema simétrico que no permita desequilibrios».

La sola sospecha de que Cataluña o País Vasco pudieran, llegado el momento, quedarse fuera espoleó a Santiago Abascal para cargar duramente contra el Ejecutivo y, a la vez, mantener el choque con el PP. «El Gobierno de Sánchez es una mafia vomitiva y una chusma corrupta. Pero Feijóo sigue manteniendo que era obligatorio. Y prohibió a sus barones regionales oponerse a recibir el reparto de la inseguridad y la ruina».