J. Márquez

Madrid – María Teresa Fernández de la Vega empezó ayer su periplo europeo
en Finlandia, país presidente de turno de la Unión. Tras entrevistarse con
su presidenta, Tarja Halonen, anunció que España va a iniciar una ofensiva
diplomática para que la inmigración «figure en todas las agendas de
trabajos» de los países miembros.
La nueva estrategia se
pondrá en marcha hoy mismo en Bruselas, donde la vicepresidenta pedirá a
la UE que la misión de la Agencia Europea de Control de Fronteras
(Frontex) en aguas de África occidental se prolongue más allá de
septiembre y hasta diciembre. De la Vega confirmó que Zapatero llevará
este asunto a la próxima cumbre hispano – alemana del 12 de septiembre con
la canciller alemana, Angela Merkel. Además, el próximo lunes se indicará
a los embajadores españoles reunidos en Madrid que lleven la inmigración
ilegal como asunto prioritario.
Asimismo, la número dos del Gobierno
apuntó que España impulsará la convocatoria de una reunión de los siete
países mediterráneos de la UE para que elaboren una propuesta de trabajo
que pueda ser presentada luego al resto de socios europeos en la Cumbre de
diciembre. El objetivo es crear un «modelo integral» de gestión de la
frontera marítima.
Sin embargo, todo indica que las peticiones
de De la Vega van a encontrar una acogida más bien fría en el seno de la
UE. El portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea,
Friso Roscam, señaló ayer que están dispuestos a reclamar a los Estados
miembros más colaboración con España en la operación de Frontex en aguas
del Atlántico – aunque «queremos conocer cuáles son las demandas del
Gobierno español», precisó – y aseguró que el Ejecutivo de Zapatero puede
además utilizar fondos comunitarios para repatriaciones y acogida. Eso sí,
Roscam dejó muy claro que el dinero disponible para este año es
«limitado», y sólo habrá más recursos a partir de 2007.
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó
que la UE «no puede poner excusas» en la colaboración y avisó: «Todo el
mundo tiene que saber que los inmigrantes que entren de forma irregular
tendrán que salir».