P. A./B.S.

LAS PALMAS. La Delegación del Gobierno en Canarias registra ya 18.858 inmigrantes clandestinos llegados a las Islas en lo que va de 2006. Eso es poco menos – 626 – que lo que resulta de sumar lo que fueron los dos peores años del capítulo migratorio en el Archipiélago: 2002 y 2003, que superaron holgadamente los nueve mil «sin papeles» cada uno. La cifra resulta elocuente para advertir el crecimiento del fenómeno cuando se presta atención a que en toda la última década de los noventa llegaron casi cuatro veces menos inmigrantes que en los casi ocho meses de este año.

El problema inmigratorio, lejos de remitir, amenaza con superar cualquier registro imaginable. No en vano agosto se ha convertido en el peor de los meses de este año, superando incluso la cifra registrada en la primera gran crisis, en mayo, cuando el número global de arribos fue de 3.500.

Y es que sólo en este mes, han llegado a Canarias por vía marítima 4.772 personas, cifra que supera en 21 a la correspondiente a todo el pasado año 2005, cuando se registraron 4.751 llegadas. Ayer se sumaban 151 inmigrantes clandestinos, que llegaron a las islas de El Hierro y Tenerife a bordo de tres cayucos. Entre los ocupantes había cinco menores de edad, según la información dada a conocer por la Subdelegación del Gobierno.

El fracaso de las medidas disuasorias, diplómáticas o de otra índole puestas en marcha desde que a principios de año se registrase la primera gran oleada de cayucos, se pone de manifiesto con cada uno de los meses que se suceden. Si las primeras gestiones lograron abortar la salida en masa desde puntos cada vez más al sur de la costa africana, el origen actual es tan diverso que resulta difícil establecer un dispositivo de cierre en lugares concretos de la costa africana.

La prensa de Senegal consignaba ayer que los jóvenes ven en la vecina Mauritania «un túnel» por el que llegar hasta la cercana Canarias, puerta de Europa en su deseos de emigrar. Incluso, el diario «Wal Fadjri» daba cuenta de posibles actos de corrupción de la policía mauritana, que actuaría en complicidad con las mafias que organizan los viajes en cayuco.

África se ha convertrido en una «olla a presión» en la que las soluciones a pequeña escala parecen inútiles. La inmigración «cada vez más conocedora de su destino» peninsular, como apuntaba en su día Paulino Rivero, diputado por Coalición Canaria, opta por embarcar su suerte en cayucos que actualmente recorren más de tres mil kilómetros de agua para alcanzar las Islas.

Fracaso de la política del Gobierno

El Gobierno de Canarias, por su parte, sigue buscando y proponiendo soluciones al Ejecutivo de Zapatero y a la Unión Europea. Convencidos del «evidente fracaso» de la política gubernamental en materia de inmigración, que en su día sin embargo apoyaron, ruegan al Gobierno un cambio de rumbo «que acabe con la tragedia». Pero reclaman esta vez algo más al Ejecutivo: el Gobierno regional, en manos de los nacionalistas va a exigir a Madrid más dinero para la atención a los inmigrantes en los presupuestos del próximo año.

Así lo señaló ayer el viceconsejero de presidencia y portavoz del Ejecutivo canario, Miguel Becerra que recordó que la Administración autonómica ha debido incrementar sobremanera sus partidas a ese respecto en el presente año, por la incesante llegada de pateras al Archipiélago. Becerra hizo especial hincapié en el sobreesfuerzo económico que ha debido asumir por su cuenta el Gobierno canario para atender financieramente las medidas en materia de seguridad, vigilancia y sanidad para los miles de inmigrantes ilegales que han llegado este año a las Islas y remarcó que «ese dinero ha salido de los presupuestos de los canarios» y no de Madrid ni de Bruselas.

El portavoz del Ejecutivo isleño mostró su malestar porque las administraciones central y comunitaria se «hayan hecho el loco» en ese sentido al dejar sola a ese respecto a la Administración autonómica y reseñó que desde Canarias «no se ha antepuesto nunca la situación competencial» que corresponde en este caso a los Gobiernos español y europeo, «al igual que no se ha invocado a una razón jurídica» para evitar ese esfuerzo económico, algo que, en su opinión, sí se ha hecho por parte del Estado español. El coste de la inmigración para Canarias se suma a los más de 12 millones de euros necesarios para cumplir con los compromisos de la Comunidad respecto de los menores inmigrantes, más de 600 a día de hoy.
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