El presidente canario, Fernando Clavijo, ha asegurado este lunes que comienza una semana “decisiva” para la concreción de la fórmula legal a aplicar para la acogida en la Península de 4.000 menores migrantes no acompañados tutelados por Canarias y 400 que son responsabilidad de Ceuta.

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Antes de disertar sobre la necesidad de generar sinergias entre las universidades y la sociedad canaria en un desayuno organizado por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Clavijo se ha referido al acuerdo puntual que los gobiernos español y canario, junto al de Ceuta, promueven para aliviar la tensión que registran los recursos de acogida para niños que migran solos de la frontera sur de España y la UE.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, ha dicho que, según le ha informado el ministro Ángel Víctor Torres, la Abogacía del Estado está haciendo el informe para saber si esta distribución se puede aprobar por la vía de un decreto ley o de una proposición de ley.

A ello se sumará la reunión prevista para esta semana con el Ministerio de Infancia, un encuentro que servirá “para hacer las simulaciones con los criterios de reparto, bien sea el de población o el que se ajuste al propuesto por Canarias o los acordados en la conferencia sectorial de 2022”, ha detallado.

Posteriormente, “quedará por resolver el tema de la financiación, aunque el ministro dice que va a haber porque el Gobierno de España está comprometido en ponerla”, ha recalcado Clavijo.

El presidente canario considera que “estamos ya en la parte final para despejar las dos incógnitas y poder ir a reuniones con los grupos políticos”.

“Creo que esta semana puede ser decisiva para poder definir el criterio de distribución y que la Abogacía del Estado informe sobre la forma jurídica tenemos que abordar”.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Clavijo ha confiado que la visita realizada la semana pasada por la comisión de Infancia y Juventud, que permitió a sus integrantes “conocer de primera mano la situación de El Hierro y de distintos centros de menores, junto al acuerdo para las pensiones, dé un poco de esperanza para que se ponga por encima de las decisiones políticas los derechos de las personas”.

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Se trata, ha referido, de que conseguir, “no la solución que queremos, que es modificar la Ley de Extranjería, sino, al menos, liberar los recursos de toda la presión que tenemos y poder garantizar a esos menores un proyecto de vida allí donde al final se puedan distribuir”.