La imputación de Meloni y las deportaciones a Albania recrudecen el choque entre el Gobierno y la Justicia en Italia

Los medios italianos destacan la estrategia de la primera ministra de presentarse como "víctima política", a la manera de Silvio Berlusconi.

El Mundo, Manuel Tori, 04-02-2025

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defiende estos días el argumento de que investigarla es un “daño para Italia” en relación con su imputación por la polémica liberación del torturador libio Osama Almasri. Meloni lamenta un supuesto deseo de “algunos jueces” italianos de querer “gobernar” el país. Los medios italianos destacan la estrategia de Giorgia Meloni de presentarse como “víctima política” de la Justicia ante la opinión pública, tal como hizo en el pasado su predecesor el magnate y líder de los conservadores italianos Silvio Berlusconi.

En sus intervenciones, Meloni no entra en el ‘caso Almasri’ en sí, sino que centra su respuesta en un supuesto choque entre el poder judicial y el poder Ejecutivo. Para la primera ministra italiana, la investigación contra ella no ha sido un hecho “debido”, tal como defiende la Fiscalía de Roma, sino un hecho “querido” por los magistrados. Defiende su acción de Gobierno con frases tan contundentes como que “desde el hielo de los fiordos hasta la arena del desierto, el mundo ha vuelto a mirar a Italia”, donde, según su punto de vista, la investigación contra ella desgasta la “credibilidad que estoy tratando con esfuerzo de construir” a favor de su país.

Los jueces italianos, por su parte, han querido aclarar su postura tras el revuelo institucional y político que se está viviendo estos días en Italia. La Asociación Italiana de los Magistrados (ANM) explicó en un comunicado que ha habido un “malentendido” por parte de cierta clase política del país, dado que la “Fiscalía de Roma” ha emitido simplemente el documento necesario que un fiscal italiano debe enviar a la hora de informar a los “sujetos interesados” de una investigación.

La presidenta del Ejecutivo, sin embargo, considera que “da igual que alguien se implique para obtener unos resultados” si hay “italianos que van a la contra, desmontando como si nada todo el trabajo hecho hasta ahora”, asegura Meloni. “Algunos jueces quieren decidir la política de inmigración o la reforma de la Justicia”, asegura, y dice que hay un “problema”: “Que si me equivoco los italianos me echan. Si los jueces se equivocan nadie puede decir nada”, sostiene la primera ministra. Y añade: “Si algunos jueces quieren gobernar, que se presenten a las elecciones”.

La primera ministra aseguró que las acusaciones judiciales no le harán “retroceder ni un milímetro”: “Cuando acepté guiar la ‘nación’” Meloni, su partido y su coalición optan siempre por esta palabra frente a la de ‘país’, en clave ultraconservadora “sabía exactamente a lo que me enfrentaba”.

Durante los últimos días, las explicaciones del Gobierno italiano sobre la devolución del torturador libio Osama Almasri han ido cambiando. Cuando hace algo más de una semana se conoció la polémica repatriación, los miembros de su Gobierno y de su partido afirmaron que Almasri había sido devuelto porque “la detención” realizada por las autoridades italianas por una orden de arresto internacional había sido “ilegal”. Tras la acusación de la Fiscalía de Roma, Giorgia Meloni admitió el miércoles que se debía a la “peligrosidad” de Almasri.

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El Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, acusa a Almasri de decenas de crímenes de guerra en las cárceles de su país. Tras haber sido detenido por las autoridades italianas hace dos semanas en Turín, un par de días después el Gobierno lo repatrió al aeropuerto de Trípoli con un avión de los servicios secretos italianos. El martes pasado, el fiscal Francesco Lo Voi formalizó la investigación, sobre la base de malversación (por el uso de los aviones) y encubrimiento contra Meloni, contra el ministro de Interior, Matteo Piantedosi; y contra el titular de Justicia, Carlo Nordio.

La investigación coincide con otro asunto: la tercera tanda de deportaciones a Albania llevada a cabo por el Ejecutivo de Meloni. La Justicia italiana ha anulado este fin de semana la deportación de 43 migrantes que el buque de la Marina Militar italiana Cassiopea había desviado desde el Mediterráneo central hasta las costas balcánicas con el objetivo de deportarlos y expulsarlos por la vía exprés como prevé el nuevo Protocolo entre Italia y Albania. Las personas originarias de Bangladesh, Egipto, Gambia y Costa de Marfil, supuestamente, no tienen derecho a protección internacional como refugiados porque proceden, según el Gobierno italiano, de países seguros.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sin embargo, se pronunciará el próximo 25 de febrero para establecer si Roma actúa en contra del Derecho comunitario al no aplicar el listado de países seguros de la Unión y emplear uno propio. Por esta razón, aunque el Ejecutivo de Meloni haya aprobado un decreto para poder realizar las deportaciones, la Justicia italiana anuló por completo el tercer envío de migrantes a la espera de esta decisión.

Los medios de comunicación italianos, sin embargo, confirman que la primera ministra del país está meditando elevar la cuestión al Tribunal Supremo nacional. Lo cual implicaría, a lo largo de este mes, ganar tiempo para seguir deportando migrantes a Albania.

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