Unos 200 profesionales extranjeros, en su mayoría sanitarios, que iniciaron su proceso para homologar sus titulaciones en Euskadi se han quedado en una situación de tierra de nadie. La decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar la transferencia al Gobierno Vasco de la competencia para acreditar la formación universitaria realizada fuera de la Unión Europea les ha dejado en un limbo. Todos ellos renunciaron al proceso que tenían iniciado en la Administración central para lograr este reconocimiento en Euskadi. Confiaban en que fuera más ágil y poder así ejercer en el País Vasco, donde tienen la residencia. Lo hicieron en julio, cuando se materializó el traspaso competencial. Pero antes de que acabase ese mes el alto tribunal dejó en suspenso la transferencia, al atender un recurso presentado por los consejos generales de colegios de médicos y dentistas.

A la espera de que el Supremo resuelva sobre el fondo del asunto, hay dos centenares de profesionales no comunitarios que se encuentran atrapados. No saben si esperar a conocer el fallo del tribunal o retomar el proceso de homologación ante la Administración central. Para ellos sería como empezar de nuevo. Esta situación se da además en un contexto de falta de facultativos. La transferencia de las homologaciones era una de las herramientas por las que había apostado el Gobierno Vasco para paliar la escasez de médicos y enfermeras en Osakidetza.

Ayer Dayana Arellano puso voz en el Parlamento Vasco a la situación que afecta a estos sanitarios nacidos fuera de Europa. Ella es la delegada en Bizkaia de la asociación Homologación Justa Ya. Explicó que el «limbo» en el que se encuentran está generando situaciones de estrés y ansiedad a los afectados. «Están peor que antes de iniciar este proceso en el País Vasco», afirmó. Arellano atribuyó la decisión de las organizaciones profesionales de recurrir la transferencia de las homologaciones a que «existe mucho racismo, xenofobia y exclusión en los colegios profesionales de psicología, medicina, enfermería y veterinaria».

Arellano indicó que esta transferencia despertó el interés de numerosos sanitarios extracomunitarios que trabajan en diferentes puntos de España. Podía suponer un efecto llamada para estos profesionales, que buscaban en el País Vasco un proceso más ágil para homologar su titulación. El Ministerio de Universidades tarda años, cuando la Unión Europea dice que no deben prolongarse más de seis meses.

Apoyo en el Parlamento
Los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco trasladaron su solidaridad a estos afectados. «Esta paralización está teniendo efectos negativos sobre las personas que se han quedado en un limbo. Muchos son profesionales sanitarios, que tan necesarios son», remarcó Ekain Rico, del PSE. Jon Aiartza, del PNV, indicó que los letrados del Gobierno Vasco están personados en esta causa con el fin de defender que se levante la suspensión cautelar sobre esta transferencia. Ayen Oskoz, de EH Bildu, señaló que «no puede ser que una homologación de un título universitario tarde entre 3 y 5 años». «Defendemos esa transferencia a Euskadi y no compartimos la postura de los colegios profesionales de judicializar el caso».

En realidad ese traspaso nació cojo para medicina, porque para ejercer en Osakidetza y en el Sistema Nacional de Salud, además del grado de medicina, estos sanitarios extranjeros deben tener reconocida la especialidad. Y eso es algo que sigue haciendo solo el Ministerio de Sanidad.