El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de Canarias, Poli Suárez, ha destacado la poca conflictividad y la buena convivencia que tienen los menores migrantes no acompañados que tutela la comunidad autónoma durante su día a día en los centros educativos y ha señalado que el aprendizaje del idioma es el problema fundamental que tienen que afrontar tanto los chicos como los profesores.

Los niños migrantes que dan vida a la Canarias vaciada, pregoneros de las fiestas de Artenara

“Es el principal escollo que tienen porque no saben hablar español aunque es verdad que, según explican los docentes, aprenden muy rápido”, ha dicho en una entrevista concedida a Europa Press al ser cuestionado por las dificultades específicas que presentan estos jóvenes a la hora de escolarizarlos.

En este sentido, apuntó que se trata de la mayor de las problemáticas que tienen los profesores a la hora de poder impartir sus clases y también la principal dificultad que tiene el menor migrante para adaptarse al sistema educativo canario.

Por este motivo, Suárez ha hecho especial hincapié en que la Consejería destina 5 millones de euros de su presupuesto para potenciar el refuerzo idiomático al ser la vía más rápida hacia una integración más efectiva.

De igual modo, reiteró la poca conflictividad que existe. “A veces sale en los medios el tema de la convivencia. Nosotros hemos visitado más de 200 centros educativos, en muchos de ellos lógicamente hay menores migrantes, y la convivencia es muy buena. Y eso es lo que nos traslada también el profesorado”, resaltó.

Al ser preguntado por la posibilidad del reparto extraordinario hacia otras CCAA de 4.000 de los casi 5.800 menores migrantes que tutela en solitario Canarias y qué consejo daría a sus homólogos de otras regiones para fomentar un trato y una educación dignos a estos jóvenes, Suárez comentó que les diría que fijaran en cómo está haciendo las cosas el archipiélago.

“Les diría que tienen que fijarse en nosotros, que somos los que más migrantes tenemos, y hasta ahora en los centros educativos poco conflicto hay”, afirmó al tiempo que opinó que, en este punto, Canarias y los canarios “son un ejemplo”.

Aquí, recordó que incluso hay municipios que llaman a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para comunicarle que pueden recibir menores, incidiendo en el caso de Artenara (Gran Canaria), que acoge cerca de 30 niños que están adaptados a la situación del pueblo y a la labor que se hace desde los centros educativos.

Mientras, aseguró que si se produjera este reparto extraordinario no habría ningún problema para realizar los traslados de expedientes académicos, ya que la conexión con el resto de CCAA “es muy fluida” y se haría de la misma forma que ocurre con chicos españoles. “Es el mismo trámite”, dijo.

Opciones para que no abandonen los estudios
En cuanto a las opciones que tienen estos jóvenes cuando cumplen la edad en la que la escolarización ya no es obligatoria, Suárez explicó que la Consejería les pone otras salidas sobre la mesa para que no abandonen los estudios como puede ser la Formación Profesional Básica o la Escuela de Adultos, entre otras.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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“Nosotros -continuó- no los estamos abandonando. Estamos cumpliendo con nuestra obligación y escolarizando a todos aquellos que el tutor -en este caso la Consejería de Bienestar- nos dice que tenemos que escolarizar o nos pide que escolaricemos”.

La oportunidad y los retos de contar con menores migrantes en las escuelas de Canarias: “Mejoró la convivencia de la clase”

Además, una vez que cumplen 16 años tienen la posibilidad de seguir formándose, mientras que cuanto adquieren la mayoría de edad se continúa fomentando desde el Gobierno de Canarias que prosigan con su formación.