El plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados, que la Casa Blanca defiende asegurando que está concentrados en aquellos con antecedentes criminales, avanza a toda marcha. En las últimas horas, el presidente Donald Trump dijo que ha instruido al Departamento de Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional a preparar una instalación para 30.000 migrantes en la cárcel de Guantánamo, que se utilizará para albergar a aquellos deportados de países como Cuba o Venezuela, cuyos gobiernos no tienen autorizados los vuelos de deportación.
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“Tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales inmigrantes ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”, aseguró el mandatario. “Algunos de ellos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en que sus países los retengan porque no queremos que regresen, así que los enviaremos a Guantánamo", agregó Trump.
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“Esto duplicará nuestra capacidad de inmediato. Y es un lugar difícil del que escapar”, sentenció el presidente que ha llegado por segunda vez al poder con el deseo de demostrar que “hay un nuevo alguacil en el pueblo”, parafraseando a la congresista republicana María Elvira Salazar, que describió de esta manera la diplomacia de “bully” que está aplicando Trump a países aliados, particularmente en América Latina, para que acepten a los deportados.

Hasta el momento, organizaciones defensoras de los derechos humanos y pro-inmigrantes , niegan que todos los deportados por las autoridades estadounidenses tengan antecedentes criminales de robo o asesinato, como lo asegura la Administración Trump. Ante estas críticas, algunos de sus funcionarios, incluido el vicepresidente JD Vance, han dicho que solo el hecho de haber cruzado a territorio estadounidense de manera ilegal los convierte en criminales, una tesis que expertos debaten bajo al interpretación constitucional que clasifica este delito como una “falla civil”.
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En cualquier caso, esta orden de enviar deportados a Guantánamo reabre el debate de hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para cumplir con su promesa, pero también alerta sobre los riesgos de violaciones a los derechos humanos. Académicos insisten en que esta prisión, ubicada en la bahía cubana que lleva su nombre, en una base de la Marina, tradicionalmente albergó después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 a los acusados del ataque, que pasaron años encarcelados en muchos casos sin juicio. Esta característica de peligrosidad significa que es administrada por militares, que en principio no deberían lidiar con asuntos civiles como la migración. Pero como bien ha sido hasta ahora, al mandatario republicano esos límites no le han importado y seguramente esperará que el caso sea llevado a las cortes.
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Si bien es cierto que el uso de Guantánamo con el fin indicado por Trump es nuevo, no es la primera vez que la base alberga una instalación migratoria. En el pasado, el Gobierno del demócrata Joe Biden usó la estructura para procesar a solicitantes de asilo.

Más temprano, apetición del Departamento de Seguridad Nacional, el Comando Norte puso a disposición de las autoridades migratorias la base de la Fuerza Espacial Buckley, en Aurora (Colorado), para albergar a personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
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Todas estas medidas fueron conscientemente informadas por Trump durante un evento para firmar la Ley Laken Riley, que endurece las leyes de inmigración del país, y que fue aprobada en honor al caso de una estudiante universitaria en Georgia que fue asesinada a manos de un ciudadano venezolano que residía en Estados Unidos de manera irregular.