El domingo por la tarde, varios funcionarios de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BIS) no fueron autorizados a entrar en Estados Unidos, en cuya capital, Washington, se encuentran las sedes de esas instituciones.

¿La razón? Esos funcionarios son de nacionalidad colombiana. Y sus visados G-4, que son los que emplean esas organizaciones, habían sido suspendidos por Estados Unidos después de que el Gobierno de Bogotá rechazara admitir en su territorio la llegada de aviones militares estadounidenses con inmigrantes indocumentados. El Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro había dado luz verde a aceptar a los deportados, pero cambió de opinión con los aviones ya en el aire. Su tesis era que esas personas podrían ser enviadas a Colombia, pero en vuelos civiles.

Washington amenazó con imponer aranceles del 25% a todas las importaciones colombianas y canceló la validez de todos los visados de ese país. Mientras el asesor especial de Trump para América Latina, Mauricio Claver Carone que pasó gran parte de su adolescencia en Madrid, negociaba con Bogotá, el pánico se adueñó de los aproximadamente 355.000 colombianos que residen legalmente en Estados Unidos. Su futuro migratorio estaba en el limbo. Si salían del país, se exponían a que su visado no fuera válido al regresar. Si su visado expiraba, no sería renovado. Incluso la situación del embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña, que se encontraba en Colombia en aquel momento, quedó envuelta en una cierta incertidumbre. Trump se impuso a Petro en tres horas.

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La dureza de la Casa Blanca ha reavivado las dudas de las organizaciones internacionales acerca de su presencia en Washington. Ya en el inverno pasado pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró la posibilidad de, en algún momento del futuro, transferir más operaciones a otros países, como hizo el Banco Mundial cuando su número dos era Kristalina Georgieva, que ahora es la directora gerente del FMI.

La razón era el endurecimiento de los visados en Estados Unidos con Biden y el cada vez mayor coste de la vida en la capital estadounidense. Ahora, con Trump, el problema se extiende a la inmunidad de los funcionarios de los organismos. Eso puede plantear un problema para atraer talento en un momento en el que el sector privado ofrece remuneraciones infinitamente más altas y posibilidades laborales más variadas que cualquier multilateral. El FMI no se va a ir, porque su sede sólo puede estar en el territorio del país que más aporta a su capital, y ése es Estados Unidos. Pero sí puede abrir oficinas satélites en otros países.

Los problemas de esos organismos son consecuencia del caos que el Gobierno de Donald Trump ha creado en el sistema internacional que Washington había creado tras la Segunda Guerra Mundial y en el propio aparato estatal de ese país. El viernes, sin previo aviso, el Departamento de Estado suspendió la entrega de fondos a todos los proyectos en los que está involucrado en el exterior, y que van desde el pago de salarios a funcionarios de países como Ucrania a la retirada de minas o a programas de capacitación de estudiantes. Incluso en los casos en los que los fondos están comprometidos, el Departamento de Estado dio orden de que se busquen vías legales para congelarlos.

La prohibición afecta, de nuevo, a multilaterales, y también a organizaciones sin ánimo de lucro y a ONG, y, una vez más, amenaza a la permanencia en Estados Unidos de trabajadores extranjeros que realizan esos proyectos, ya que sus salarios han sido suspendidos de la noche a la mañana y, si las operaciones no son reanudadas, deberán salir del país en un mes.

Este martes, esas medidas se extendieron más allá del Departamento de Estado hasta cubrir la totalidad de la ayuda a la cooperación internacional estadounidense, incluyendo la transferencia de fármacos contra el sida y la malaria a países en vías de desarrollo. Las medidas van acompañadas de la suspensión de cerca de un billón de euros en transferencias del Estado dentro de EEUU a proyectos de investigación, ayudas a la inversión y todo tipo de proyectos hasta que, según afirma el Gobierno, se determine que no fomentan “la igualdad marxista, el ‘transgenerismo’ [es decir, la ayuda al cambio de género], y las políticas de ingeniería social a través del Green New Deal”, este último un proyecto que literalmente no existe y que busca llevar a cabo una transición energética en Estados Unidos.

Las pensiones y el programa médico-privado de salud para la tercera edad (el Medicare) no van a ser ‘congelados’. Pero sí podrían serlo la asistencia médica a las personas de bajos ingresos (Medicaid), que cubre a 92 millones de personas, es decir, el 27,6% de la población, y la distribución de cupones para comprar comida del que dependen 41 millones de estadounidenses (el 12,3% de la población) para comer, así como tratamientos experimentales contra diversas enfermedades como el cáncer. La semana pasada Trump también prohibió que las agencias de salud intercambien ningún tipo de información.