Coalición Canaria ha exigido públicamente al PP, su socio de gobierno en las islas, este martes que “en esta ocasión esté a la altura” con la propuesta para repartir la acogida de los menores migrantes, cuando el decreto ley que negocia para ello con el Gobierno de España llegue al Congreso.

Gobierno central y Canarias tienen ya casi cerrado un acuerdo para el reparto extraordinario de menores migrantes

El presidente de Canarias y secretario general del CC, Fernando Clavijo, ha reunido en Las Palmas de Gran Canaria a todos los grupos políticos del Parlamento autonómico que suscriben el Pacto por la Inmigración todos, menos Vox para explicarles el estado de las negociaciones con el ministro Ángel Víctor Torres para impulsar el traslado puntual y extraordinario a otras comunidades autónomas de 4.000 de los 5.800 menores migrantes acogidos en las islas.

Por boca de su portavoz parlamentario, José Miguel Barragán, CC ha apelado esta vez a la responsabilidad de su socio en el Gobierno de Canarias: “Lo importante es que la negociación política ahora sí que dé resultados. Se está intentando con uno de los partidos que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez, como es Junts, pero no hay que despistarnos de que aquí, en Canarias, gobierna el PP, que también forma parte del Pacto por la Inmigración, y le vamos a exigir que esté a la altura de las circunstancias en esta ocasión”. No ha concretado, sin embargo, en qué se traducirá esa exigencia ni las posibles consecuencias para los populares de no cumplirla.

El PP nacional se ha mostrado en contra del reparto solicitado por Canarias, donde cogobierna, y por ello votó en contra de la reforma de la Ley de Extranjería para que la acogida fuera obligatoria y no solidaria, y abandonó las negociaciones con el Estado para pactar un texto de reforma que contase con su respaldo.

Desde el PSOE se ha criticado en diferentes ocasiones que Coalición Canaria no haya pedido responsabilidades a su socio o que siga gobernando con quien precisamente bloquea su principal demanda hacia el Estado, anteponiendo “intereses partidistas” a los intereses de las Islas, como también ocurrió con el rechazo de los populares al decreto ómnibus, que incluía medidas concretas para las Islas, especialmente para La Palma.

Todos señalan al PP; el PP, al Gobierno de Sánchez
En la reunión, Clavijo ha obtenido el respaldo de todos los partidos del Pacto a su planteamiento en esta negociación, aunque el PP sostiene que se ha vuelto “al minuto 1”, por la actitud que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez, y el PSOE y Nueva Canarias dan por descontado que los populares volverán a votar en contra, como ya hicieron en julio con la reforma de la Ley de Extranjería.

La portavoz popular en el Parlamento de Canarias, Luz Reverón, sostiene que las negociaciones no avanzan porque el Gobierno de España sigue sin asumir sus tres exigencias: que el reparto de los menores involucre a todas las comunidades, “sin excepción”; que el Estado garantice a las autonomías “financiación suficiente” para asumir esa responsabilidad, y que “se pida el despliegue en Canarias del Frontex”, la Agencia Europea de Fronteras y Costas. Cabe recordar que fue el PP quien abandonó la negociación con el Estado y que algunas de sus exigencias ya estaban, de hecho, contempladas.

Para su homólogos del PSOE y NC, Sebastián Franquis y Luis Campos, respectivamente, el PP solo esgrime “excusas”, ya que creen que en el fondo rechaza compartir la tutela de los menores por razones ajenas a Canarias.

“No tengo ninguna duda [de que el PP va a rechazar el acuerdo]. Yo en Canarias negocio en nombre de los 120 diputados que tiene el PSOE en el Congreso. ¿Puede decir lo mismo el PP? ¿Si lo que está viviendo Canarias ocurriera en Madrid, Valencia o Andalucía, ¿alguien cree que el PP votaría en contra en el Congreso?”, se ha preguntado Franquis.

Por su parte, Campos ha subrayado que, desde que se planteó esta cuestión, hace ya más de un año, por la saturación de los recursos de acogida de Canarias, este es “el enésimo intento” de buscar una solución. NC, ha continuado, participará en cuantos intentos sean necesarios, pero pronostica que el PP no solo seguirá oponiéndose, sino que si el decreto ley sale adelante, lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional a través de las comunidades donde gobierna.

Desde el PP, Luz Reverón ha descargado la responsabilidad de la situación en el Gobierno de Pedro Sánchez, al que culpa de no querer comprometer la financiación que las comunidades necesitan para asumir la tutela de parte de los niños y adolescentes de los que ahora cuidan Canarias y Ceuta, fundamentalmente. Hay que señalar que la acogida a menores, sean migrantes o no, es únicamente competencia autonómica.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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La portavoz popular también ha afeado al Gobierno que siga, a su juicio, sin controlar una frontera marítima “en la que está muriendo muchísima gente” y recele de solicitar el pleno apoyo del Frontex, agencia comunitaria que ya tiene agentes en todos los puertos canarios donde Salvamento Marítimo opera en sus rescates.

En la reunión de este martes, Clavijo ha ofrecido a los firmantes del Pacto por la Inmigración que sus portavoces en el Parlamento de Canarias le acompañen en el Congreso cuando se siente a negociar con los grupos políticos los apoyos al decreto ley de reparto de la acogida espera que apruebe el Consejo de Ministros.