El Gobierno avanza en la propuesta del Ejecutivo canario sobre un reparto puntual de los menores migrantes no acompañados desde las islas y Ceuta al resto de España, y en los próximos días elevará el texto a los servicios jurídicos para que estos determinen si debe hacerse mediante un decreto ley o una proposición de ley.

Una vez esté listo ese informe, ambos gobiernos se sentarán con los grupos políticos para recabar los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados, según ha señalado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un mensaje de vídeo remitido a los medios.

Torres ha informado así de los avances alcanzados este martes en la Comisión Interministerial de Inmigración, que ha presidido él tras el Consejo de Ministros y en la que han participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Durante la reunión, los titulares de los diferentes departamentos con competencias en la materia han valorado los avances de las últimas semanas sobre la iniciativa canaria de realizar un reparto puntual de 4.000 niños y adolescentes desde las islas y otros 500 desde Ceuta.

En esta iniciativa trabajan Gobierno y Canarias después del fracaso en la negociación con PP y Junts para lograr lo que en realidad demandaba el archipiélago, donde gobierna precisamente el PP con Coalición Canaria: cambiar la Ley de Extranjería para fijar un mecanismo permanente de derivación de los niños y adolescentes cuando llegan a zonas con recursos de acogida saturados.

“Una vez que ya tengamos ese texto concluido, en los próximos días se trasladará a los servicios jurídicos para que nos diga ya si cabe un real decreto ley o si debe ser una proposición de ley”, ha informado el ministro.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Torres ha recalcado que tanto el Gobierno de España como el de Canarias están “buscando soluciones” para que los niños que están “hacinados” en territorios como el archipiélago “puedan estar mejor distribuidos” en el resto de España.

Coalición Canaria exige a su socio, el PP, que esta vez “esté a la altura” con los menores migrantes

El ministro ha vuelto a criticar la posición del partido de Alberto Núñez Feijóo en este asunto: “el PP se desmarca, se borra y se aparta de una solución, incluso en los territorios donde gobierna, como Ceuta, Melilla o donde cogobierna, como es el caso de la comunidad autónoma de Canarias, cosa que tenemos que lamentar”.