Italia ha vuelto a enviar migrantes, en esta ocasión 49 personas, a los centros de detención y expulsión construidos en Albania, después de que los dos intentos anteriores fracasaron tras sendas sentencias judiciales.

“Tras las operaciones de evaluación de las condiciones de las personas interceptadas, 49 ciudadanos extranjeros han embarcado a bordo del barco Cassiopea para su traslado a los centros de Albania, donde se iniciarán los procedimientos de recepción, detención y evaluación de casos individuales”, ha informado este domingo el Ministerio de Interior.

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Interior comunicó que además “53 inmigrantes presentaron espontáneamente sus pasaportes para evitar el traslado: una circunstancia de particular importancia, ya que permite activar más rápidamente los procedimientos de verificación de posiciones individuales, incluso independientemente de la detención, aumentando las posibilidades de proceder con las repatriaciones de aquellos que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea (UE)”.

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Los 49 migrantes serán trasladarlos al centro del puerto de Gjader y tras su identificación al de Shenjin, según el acuerdo entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama.

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Público / EFE

Migrantes deportados descansan en un anden en el puerto fronterizo de El Chaparral, en Tijuana (México), a 22 de enero de 2025.
Italia vuelve a intentar este traslado después de la última sentencia del Tribunal Supremo que indicó que le corresponde al Gobierno establecer qué países son seguros y que el juez no puede invalidar sistemáticamente la detención de migrantes, sino que puede motivar el caso específico por el cual esa persona no está segura en ese país.

La Justicia italiana no convalidó el arresto de los migrantes en los únicos dos envíos a Albania, de 17 y ocho migrantes, realizados en octubre y a principios de noviembre, al alegar precisamente que ni Egipto ni Bangladés eran seguros en su totalidad, amparándose en un fallo del Tribunal de Justicia de la UE.

Desde entonces los centros han quedado vacíos, vigilados y gestionados por un personal cada vez más reducido, lo que ha provocado fuertes críticas al Gobierno por los gastos.

Actualmente el plan permanece suspendido a la espera de que la justicia comunitaria se pronuncie, pero mientras el Gobierno de Meloni espera que prevalga la sentencia del Supremo.

En la última semana, los desembarcos en las costas italianas han registrado un claro repunte, con 1.264 llegadas en seis días.