Fue su principal promesa de campaña: “Poner fin a la invasión y llevar a cabo el mayor programa de deportación de la historia”, de unos 15 millones de inmigrantes sin papeles. Lo había repetido en campaña y por eso no sorprendió que Donald Trump dedicase sus primeras horas en la Casa Blanca a firmar una batería de órdenes ejecutivas con la inmigración en el punto de mira. La medida más controvertida, porque afecta un principio constitucional, se titula “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” y ordena eliminar la concesión de la nacionalidad a todas las personas nacidas en territorio de EE.UU., incluidos los hijos de inmigrantes indocumentados. A pesar de que el texto firmado por el nuevo presidente dice que la nueva medida entrará en vigor en 30 días, se trata de un derecho garantizado por la enmienda 14 de la Constitución, por lo que para dar este paso Trump tendría que impulsar una nueva enmienda, un proceso complejo y que depende del Congreso, donde los republicanos tienen una exigua minoría. Trump ordena negar la ciudadanía por nacimiento en casos específicos. Si la madre estaba en Estados Unidos de manera ilegal en el momento del nacimiento y el padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal; o si la presencia de la madre era legal pero temporal, como en el caso de visados de corto plazo.