Un estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre la situación de los asentamientos de temporeros migrantes en Huelva y Almería ha constatado “una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, que requieren una respuesta urgente”. El informe, que se presenta este martes, revela una “crisis humanitaria” en esos núcleos chabolistas por la falta de accesos a servicios básicos, pésimas condiciones habitacionales y laborales de sus habitantes y la discriminación social que sufren.

El informe, titulado Las fronteras internas en Andalucía, se ha elaborado, fundamentalmente, con visitas a los asentamientos de cinco municipios de Almería y Huelva, entrevistas a sus habitantes entre febrero y septiembre del año pasado y encuentros con las organizaciones sociales que trabajan en el terreno. Se trata de decenas de núcleos chabolistas donde se estima que pueden llegar a vivir hasta un total de 12.000 personas, mano de obra en su gran mayoría de la potente agricultura bajo plástico hortofrutícola que se desarrolla a su alrededor.

El estudio de Derechos Humanos destaca que Almería y Huelva acumulan casi el 90% de la superficie dedicada a las explotaciones bajo plástico de Andalucía, de las que en la última campaña analizada se extrajeron cerca de cuatro millones de toneladas de productos hortofrutícolas con un valor de 3.953 millones de euros, en el caso de Almería, y 346.250 toneladas de frutos rojos con una facturación de 1.163 millones de euros, en el caso de Huelva.

“El aumento de hectáreas en producción y la falta de previsión de los empresarios agrícolas y las instituciones públicas en adaptar las necesidades de servicios públicos y vivienda a los miles de nuevos trabajadores que se fueron incorporando a la producción agrícola ha provocado que parte de las personas migrantes trabajadoras en el campo establezcan su residencia en los alrededores de las explotaciones, configurando barrios informales o chabolistas, asentamientos de diversos tamaños”, se detalla en el informe.

A falta de datos oficiales de cuántas personas en situación irregular pueden estar trabajando en estas explotaciones agrícolas, Derechos Humanos estima, en función del número de hectáreas cultivadas y la mano de obra necesaria para abarcar su explotación, que tan solo en la provincia de Almería hay “más de 25.000 trabajadores sin contrato ni derechos laborales bajo el plástico de los invernaderos”.

Según las entrevistas realizadas a los habitantes de los asentamientos, trabajar en el sector hortofrutícola almeriense supone la oportunidad de conseguir el primer empleo en Europa. La opción de poder trabajar sin contar con un permiso administrativo permite a estas personas resistir durante el plazo legal establecido por la Ley de Extranjería, antes de tramitar un permiso de residencia. Esa irregularidad administrativa, sin embargo, implica “trabajar sin contrato laboral, sin derechos laborales, a merced de los empresarios agricultores, sin las medidas de seguridad establecidas y en condiciones de explotación”, advierten los autores del informe que se presenta este martes en Sevilla.

Un hombre de 27 años de Ghana que vive en el asentamiento de Don Domingo, en el municipio de Níjar, lo cuenta así, tal como se recoge en el informe: “Aquí nadie respeta ningún derecho. Los jefes hacen lo que quieren, no respetan ningún derecho. No paga bien, deja que la gente trabaje como burro, no hacen las cosas bien. Las cosas de trabajo aquí son muy duras”.

Bajos salarios, con ingresos de 40 euros por ocho horas de trabajo, sobrecarga física, falta de medidas de seguridad y de protección en exploraciones donde se manipulan sustancias tóxicas o la venta fraudulenta de contratos por los que se llegan a pagar entre 3.000 y 7.000 euros para tener derecho a un permiso de residencia son algunas de las situaciones más habituales que denuncian los trabajadores entrevistados para este estudio.

Sin suministro de agua ni atención sanitaria
En lo que respecta a las condiciones de habitabilidad de las chabolas, en el informe se destaca que los servicios y duchas se hallan generalmente fuera, a la intemperie, que todos los asentamientos visitados tienen falta de suministro de agua corriente potable, mientras en sus alrededores se acumulan vertederos de residuos sólidos, a la vez que afrontan grandes riesgos de accidentes e incendios con los enganches que se hacen a la red de electricidad para tener luz.

Además, Derechos Humanos denuncia que en los asentamientos de Almería no ha encontrado ningún programa específico de la sanidad pública andaluza para atender a su población, pese a llegar a sumar más de 7.000 personas, una tarea que ha delegado a las ONG, mientras algunos migrantes entrevistados aseguran que en muchos casos las ambulancias no llegan hasta las chabolas. “A las personas que necesitan atención sanitaria urgente hay que trasladarlas a la carretera más cercana para que los atiendan. Esta situación de aislamiento también dificulta el desplazamiento a los dispositivos de salud, al no existir transporte público en estas zonas”, señalan los autores del informe.

En el caso de la provincia de Huelva, el estudio de Derechos Humanos refleja que en cada campaña de recogida de los frutos rojos hay un déficit de entre 8.000 y 10.000 trabajadores respecto a la demanda de empleo de los empresarios agrícolas. “Una de las formas del empresariado para cubrir dicho déficit son los trabajadores que viven en los asentamientos chabolistas de la provincia”.

“El hecho de que las personas que residen en los asentamientos, en su mayoría, no cuenten con documentación en regla, los convierte en mano de obra que acepta condiciones aún más precarias en cuanto a la remuneración por jornal se añade en el informe. Según testimonios de los mismos entrevistados, al haber más inspecciones durante las campañas, el trabajo es por muy pocos días y el pago queda a discreción del encargado de la finca, incumpliendo siempre el salario vigente, en la temporada de 2024 establecido en 57,95 euros brutos diarios”.

Muchos problemas para empadronarse
A todo ello se suma la falta de acceso al empadronamiento que sufren los habitantes de los asentamientos, lo que impide regularizar su situación por la vía del arraigo, algo que ha sido objeto de múltiples quejas ante el Defensor del Pueblo Andaluz por las prácticas de ayuntamientos de Huelva, Almería y otras provincias de esta comunidad autónoma, según se resalta en el estudio.

Uno de los problemas “más alarmantes” de los asentamientos onubenses, de acuerdo con este informe, es la vulnerabilidad de sus habitantes ante los incendios que se suceden en los últimos años y en los que ya han muerto tres personas, debido a las condiciones de vida en las chabolas, construidas con materiales inflamables, y la falta de medidas preventivas de seguridad.

En las conclusiones del informe, se subraya que han pasado 26 años desde que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en 1997 el Plan Integral de Erradicación del Chabolismo hasta que se puso en marcha en 2023 el Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales, sin que en todo este tiempo se hayan producido cambios estructurales, porque las actuaciones han ido encaminadas a eliminar o, más bien, desplazar de lugar los asentamientos para invisibilizar la vulneración de derechos.

“Podemos concluir tras el estudio de investigación que la situación que enfrentan las personas migrantes que residen en los asentamientos informales de Huelva y Almería refleja una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, que requieren una respuesta urgente y estructural”, advierte la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. A su juicio, la situación de los habitantes de esos núcleos chabolistas supone una grave crisis humanitaria que va más allá de la simple precariedad laboral o de unas condiciones de vida deficientes.

“La solución al problema de los asentamientos chabolistas en Huelva y Almería debe ser parte de un esfuerzo más amplio por transformar el modelo económico agrícola hacia uno que valore y respete los derechos de los trabajadores. La explotación laboral y las condiciones de vida indignas no pueden ser toleradas en un país que se define por su compromiso con los derechos humanos y la dignidad de todas las personas”, recalca la asociación.

En el informe se reconocen los avances que se han llevado a cabo en Lepe (Huelva) y en Níjar (Almería), con la creación de alojamientos temporales y la puesta en marcha de planes locales para realojar a algunos habitantes de los asentamientos, pero se critica la “falta de una estrategia integral y coordinada entre las administraciones públicas” para lograr avances significativos. Al respecto, se señala que el nuevo Plan Estratégico de la Junta, “aunque positivo”, “no ha logrado abordar de manera efectiva la magnitud del problema”, porque la insuficiencia de recursos y la falta de infraestructuras adecuadas siguen siendo barreras importantes.

Seis muertos al día en la frontera Sur
El informe sobre Derechos Humanos en la Frontera Sur 2025 también incluye, como cada año, un balance de las llegadas de migrantes a las costas españolas y de fallecidos en las diferentes rutas migratorias que acaban en nuestro país. Según los datos que ha podido documentar esta organización, en 2024 murieron o desaparecieron 2.465 personas, lo que supone una media de seis personas fallecidas al día o una cada cuatro horas.

Los datos de 2024 lo convierten, tras 2023, en el peor año de la serie histórica desde que Derechos Humanos empezó a recabar estos datos en 1988. Desde entonces, han muerto 19.363 personas cuando intentaban llegar a España, el 76% de ellas en los últimos cinco años, según el balance elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

El balance de 2024 refleja que la mayoría de las personas fallecieron en la ruta canaria, el 75%, la mayoría de origen subsahariano y después, magrebí, que el 11% eran mujeres y el 5%, menores de edad.

“El coste en vidas humanas no es un suceso accidental subraya Derechos Humanos. Es fruto de unas políticas migratorias concretas que tratan de impermeabilizar la frontera sur a través de la militarización de las rutas, la externalización del control migratorio, la criminalización de los flujos y la despersonalización de las víctimas”.

La falta de información sobre las desapariciones y las dificultades para identificar a los desaparecidos han generado, según el informe, una gran preocupación que sigue sin tener cabida en la agenda política. Aunque se han documentado cientos de casos, las autoridades españolas y marroquíes suelen minimizar la magnitud del problema o no reconocer públicamente la gravedad de la situación, asegura Derechos Humanos.

El año pasado accedieron de forma irregular a España un total de 64.048 personas, tanto por vía marítima como terrestre, un poco menos que en 2018, el mayor de la serie histórica analizada, y un 10% más que en 2023, de acuerdo con los datos recogidos en este informe. La mayoría de las llegadas fueron a Canarias, el 76,2%, 46.803 personas en 699 embarcaciones, mientras que Baleares las multiplicó por tres y superó las 6.400 personas.

Según Derechos Humanos, la ruta canaria se ha visto favorecida no solo por el recrudecimiento de la represión y control a las personas de determinado perfil étnico en el norte de Marruecos, especialmente desde hace cinco años, sino también porque muchos senegaleses se han visto obligados a partir desde su mismo país para evitar la represión del anterior presidente contra los simpatizantes del principal líder de la oposición.

En su informe, Derechos Humanos denuncia una “instrumentalización partidista, y con marcado carácter racista, entre presidentes de las comunidades autónomas de distinto signo político y el Gobierno central”, en relación al reparto de menores migrantes llegados a Canarias, “en vez de poner el centro de las negociaciones en velar por la protección y garantizar la no discriminación de la infancia en situación de vulnerabilidad”.