Aragón exige explicaciones al Gobierno de España por el uso de la base militar de Zaragoza para traer 200 migrantes de Canarias

El Ejecutivo central habría realizado traslados el 31 de diciembre y el 9 de enero con un avión A400M del Ejército del Aire

El Mundo, Ismael Poveda Zaragoza , 22-01-2025

El Gobierno de España habría organizado dos traslados para 200 migrantes llegados a las Islas Canarias a través de un avión A400M (un centenar de pasajeros en cada vuelo), instalado en la base militar de Zaragoza, durante el 31 de diciembre y el 9 de enero.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que “es inadmisible que que el Gobierno de España traslade inmigrantes hasta Aragón con secretismo y sin avisarnos”, ya que “no es la primera vez que ocurre y en anteriores ocasiones se faltó a la verdad sobre los términos en que se hicieron esos traslados”. Por ello, a través de una publicación en X, ha exigido “explicaciones inmediatas al Gobierno central y saber si algunos de esos inmigrantes han sido alojados en nuestra Comunidad”.

Una petición similar a la expresada por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, quien ha solicitado al Delegado del Gobierno en la región, Fernando Beltrán, “una explicación sobre cuántas personas han llegado a la base aérea y dónde están en estos momentos”. Además, ha mostrado su “preocupación por la inexistencia de política migratoria, lo que favorece el tráfico de seres humanos a través del trabajo de las mafias y desborda nuestras competencias”.

Ante las acusaciones, Beltrán, también en X, ha aclarado que “no se han ampliado las plazas existentes en Aragón para atender a migrantes de la emergencia canaria” y que “los recursos siguen siendo los mismos”. En adición, ha confesado saber que “la inmigración es línea roja para aprobar los presupuestos”, pero ha pedido a Azcón “lealtad y responsabilidad”, de la misma forma que el mandatario autonómico lo había hecho previamente.

Según Delegación de Gobierno, el primero de los vuelos, procedente de El Hierro, no llegó a Zaragoza, sino que aterrizó en la base de Torrejón de Ardoz, donde tres entidades que trabajan para el Gobierno central dentro de este programa los recogieron y trasladaron a sus alojamientos. Por el contrario, el segundo vuelo sí llegó a la capital aragonesa, aunque, en esta ocasión, los migrantes fueron trasladados a Cataluña en autobús.

El hecho de que el traslado se realizase con un avión militar es “puntual y extraordinario” y se debe a que se produjo “en unas fechas donde los vuelos regulares cuentan con una alta demanda, tanto por ser fiestas de reunión familiar como de viajes turísticos”. Por tanto, argumentan, que el único objetivo de ello era “garantizar una adecuada atención de las personas que llegan a las costas canarias en situación de máxima vulnerabilidad y evitar cualquier riesgo de sobreocupación de los centros”.

A su vez, destacan que las plazas de acogida no están ocupadas al 100% en Aragón y que el Gobierno de España “informa mensualmente a los Gobiernos autonómicos de los recursos disponibles”. Por último, desde Delegación de Gobierno lamentan que “se utilice políticamente un tema tan sensible como es la atención a las personas migrantes y que se critique que no se ha informado cuando no hay ninguna ampliación ni nueva apertura de la que informar”.

El problema migratorio ha sido el principal causante de inestabilidad en el Ejecutivo liderado por Jorge Azcón desde el comienzo de la legislatura, provocando la ruptura de la coalición con Vox en julio del pasado año y encallando la negociación del proyecto presupuestario de 2025. Desde la formación ultraderechista acusan al Gobierno regional de no frenar la llegada de migrantes por no posicionarse en contra en la última sectorial, aunque cabe destacar que el reparto es competencia exclusiva del Estado y las comunidades autónomas no tienen potestad para decidir sobre él.

En los últimos meses, casos como el de Mora de Rubielos, donde 120 inmigrantes llegaron a una localidad de 1.600 habitantes, han sido parte del conflicto que el Gobierno de Aragón mantiene con la administración central por este problema.

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