La solución al problema de los menores migrantes que se hacinan en los centros saturados de Canarias y Ceuta está cada vez más cerca. Este pasado fin de semana ha dado un salto de gigante, de hecho. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente insular, Fernando Clavijo, consensuaron el viernes los términos de la propuesta para derivar al resto de las autonomías 4.000 menores desde Canarias y hasta 500 desde Ceuta. Se dieron 10 días para lograrlo y, en principio, lo han logrado, a falta del visto bueno definitivo. Hay fumata blanca entre los dos principales negociadores, con el único matiz de qué criterios primarán a la hora de distribuir a los niños y adolescentes. Si solamente la población, como quiere el Ejecutivo, o un mix que incluya también el esfuerzo de acogida, como quiere Canarias. Los cambios que ha hecho el equipo jurídico del Gobierno son mínimos. En todo caso, el Ejecutivo insular aceptará la fórmula que desbloquee la situación.

Y ahora quedan los dos pasos fundamentales: consignar los fondos para sufragar este reparto «puntual» y convencer a los socios parlamentarios para que lo validen en el Congreso de los Diputados. «Falta el ok del Ministerio de Hacienda», aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones. Hoy, en el marco del Consejo de Ministros, Torres tendrá ocasión de comentarlo con María Jesús Montero. La financiación es la clave para desbloquear esta crisis humanitaria.

La propuesta que ha aceptado el negociador del Gobierno de Sánchez implica que el Ejecutivo sufrague el 100% del coste de los 4.500 menores no sólo el primer año, sino hasta que cumplan 18 años. Se trata de un cambio sustancial, porque hasta ahora el Ejecutivo central sólo se comprometía a pagar el primer año de estancia de los menores en los centros de acogida, y las comunidades se quejaban de que ellas tenían que aportar el resto de fondos, más los de adaptación a la vida adulta.

Queda por determinar cómo se articulará este plan, si como real decreto-ley o como proposición de ley. La Abogacía del Estado lo va a estudiar esta semana, y la que viene comenzarán las negociaciones con los socios parlamentarios. La clave es amarrar el apoyo del PNV y de Junts. El presidente de Canarias le envió el texto al lehendakari, Imanol Pradales, y éste sólo ha hecho dos objeciones: meter a las Diputaciones forales en el texto, porque sería a ellas a las que se les trasladaría la tutela de los menores, y delimitar a Euskadi como «frontera norte». Las fuentes consultadas no ven obstáculo alguno en ello, y se centran más en Junts.

La portavoz de los independentistas catalanes ya dijo que estaba a favor de la distribución de niños y adolescentes desde Canarias y Ceuta si era «puntual» y no «estructural». La semana que viene habrá un nuevo acercamiento. Como Junts no va a negociar temas sectoriales por ahora con el PSOE, será Clavijo el que llevará esos contactos con Nogueras.

Si Montero rubrica definitivamente el acuerdo, el PP quedará así fuera de la ecuación que desbloqueará la crisis de los menores. Y eso que los populares gobiernan en nada menos que 11 de las 16 comunidades de acogida. El PP se mantiene en el «no» a esta solución, pero el hecho de que el Ejecutivo vaya a sufragar el 100% de los fondos le obligará a revisar su posicionamiento. En todo caso, el PP pide ahora que el Gobierno asuma directamente la tutela de los menores, y eso requeriría otra reforma legal.

DATOS
6.300. Actualmente, en los centros de acogida de Canarias hay casi 5.900 menores migrantes no acompañados de sus familias. En Ceuta se encuentran alrededor de 450. Ambos gobiernos califican la situación de «insostenible» para sus sistemas de acogida.

4.500. Del total que hay en ambos territorios, ahora se derivarían hasta 4.500 al resto de comunidades autónomas, según el borrador de decreto-ley del Gobierno de Canarias ya pactado casi definitivamente con el Ejecutivo central. 4.000, de Canarias, y hasta 500 de Ceuta.