LUIS IGNACIO PARADA/

Se sabía hace tiempo que la inmigración era la responsable de buena parte del crecimiento económico español en los últimos años. Pero nadie había hecho una aproximación ante las dificultades técnicas del empeño, el riesgo de que el trabajo fuera acusado de xenófobo o complaciente y el mal uso político que podía derivarse de los datos que se obtuvieran. El último informe sobre la economía española, dado a conocer ayer por Caixa Catalunya ha revelado que la inmigración evitó la caída del 0,6 por ciento del PIB per cápita en España y logró un avance del 2,6 entre 1995 y 2005.


Medir el crecimiento anual del valor de los bienes y servicios producidos durante un año exige unos instrumentos de precisión de los que una entidad privada no dispone. Sin ellos, la tarea se convierte en un intento de calcular la distancia de la playa al horizonte con un doble decímetro o la distancia entre dos átomos con un calibre. Tanto si se ha usado el método del Gasto, del que se excluyen las compras de bienes o servicios intermedios e importados; como el del Ingreso, que deja fuera las subvenciones; o el del Valor Agregado, que lo supone groseramente igual al valor de la producción menos el de los bienes intermedios, hay que tener en cuenta en el cálculo del PIB no se tiene en cuenta la depreciación del capital, el coste de las externalidades negativas, las actividades productivas que afectan el bienestar pero que no generan transacciones, el endeudamiento externo y, lo que en este caso es más importante, que no mide lo producido por las economías sumergidas, donde trabajan el 62 por ciento de los inmigrantes.


Para lo único que sirve el estudio, y eso no se dice porque sería impolítico, es para comprobar que el aumento de la población derivado de la llegada masiva de inmigrantes ha frenado la convergencia de España con el PIB por habitante europeo. En 2005 estaba en el 98,3 por ciento. En 2006 bajará al 98,2. En 2007 se quedará en el 97,7 por ciento. O sea que crecemos para abajo.