Finalizado el plazo de diez días para tener un texto cerrado para derivar, de manera puntual, a 4.000 menores migrantes acogidos en Canarias y 400 en Ceuta, toca hacer «algunas matizaciones» en el acuerdo.

Así lo trasladó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras reunirse este lunes en París con representantes del Centro de Desarrollo de la OCDE y de la Unesco, a los que informó sobre la situación que viven más de 5.800 niños y niñas acogidos por el archipiélago que han emigrado sin la compañía de un familiar a Europa.

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Según contó Clavijo, a pesar de tener ya «un texto consensuado», lo que considera un «avance importante» en esta cuestión, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, le informó el sábado pasado de que ahora el documento se analizará con la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cerrar los criterios que se seguirá para distribuir a los chicos entre las comunidades autónomas. Además, el Estado ha trasladado al archipiélago otro documento. De este modo, no se sabe aún si la derivación se hará solo en base a la población de cada territorio o se podrá tener en cuenta «otras variables, como la dispersión geográfica o el PIB», explicó el presidente canario.

También se añaden otras matizaciones que no han quedado cerradas durante estos diez días, como la figura jurídica que se utilizará para esta distribución. «Nosotros seguimos insistiendo en el decreto ley, podría ser por proposición de ley (lo que defiende el Estado), pero lo más inmediato es el decreto», indicó el presidente autonómico.

El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, ha criticado que no se haya definido en estos días la figura jurídica para llevar a cabo esta distribución puntual, por lo que, según declaraciones recogidas por Efe, tiene la sensación de que «todo es patada hacia adelante a un problema tan acuciante como el que se sufre en Canarias».

A la propuesta, que fue diseñada y presentada en conjunto con el País Vasco en la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre en Santander, le queda por incluir el concepto de «frontera norte» para Euskadi porque al haber cerrado Francia su frontera, muchos de los chicos «se quedan ahí». Además, con los servicios jurídicos vascos vieron que la tutela de los niños y niñas recae en las diputaciones forales y no en el gobierno autónomo.

Una vez se hayan resuelto estas cuentas pendientes, el presidente autonómico confía en que el calendario de trabajo establecido por el archipiélago y el Estado se mantenga. Así, espera acudir durante «los primeros días de febrero» a Madrid para buscar el respaldo de los grupos parlamentarios a esta medida puntual, que, bien se haga a través de un decreto ley o una proposición de ley, necesita ser convalidada por la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso.

Mientras, la tragedia sigue marcando la ruta canaria. El jueves pasado, 50 personas murieron en el naufragio de un cayuco que tenía destino Canarias.

Reforma de la ley
El plan principal por el que siguen trabajando tanto el archipiélago como el Gobierno estatal es la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que haría obligatoria la distribución de los niños y niñas no acompañados entre las comunidades autónomas. La toma en consideración de este cambio fracasó en julio del año pasado por los votos en contra del Partido Popular –socio de Gobierno de Coalición Canaria en el archipiélago–, Vox y Junts.

El PP ha pedido al Estado que asuma la tutela de los niños y niñas y un cambio en la política migratoria estatal, y en diciembre se desmarcó de las negociaciones para la reforma en la norma. Mientras, el Estado le ha tendido la mano para seguir en el camino hacia el cambio. A su vez, el Gobierno estatal ha continuado con las conversaciones con Junts y, según el Gobierno canario, los independentistas estarían de acuerdo «en el fondo»del texto para una distribución puntual.
El PP, abierto a una reforma para que el Estado asuma la tutela
Efe. El vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha admitido este lunes que haría falta reformar la Ley de Extranjería o el Código Civil para que el Estado pueda asumir, como plantea su partido, la tutela de los menores inmigrantes que llegan solos a España.

Esta propuesta también «podría apoyarse en la Constitución Española», de forma que, «bajo la solidaridad, el Estado asuma esa tutela» y el PP, ha dicho, «está predispuesto a apoyar cualquier modificación legislativa en este sentido».

En la búsqueda de fórmulas para garantizar la mejor acogida y tutela de estos menores migrantes «no hay equipos», ha asegurado el líder de los populares canarios, quien ha recalcado que es «indiscutible que todo lo que venga bien a los canarios y canarias va a tener el apoyo del PP», que ha trabajado «insistentemente para que, de una vez por todas, se cierre el grifo, ya que achicar es una medida temporal».

De esta forma se ha referido a la derivación puntual de menores que espera por el visto bueno jurídico estatal, una medida que, en opinión del PP, «debe acompañarse de políticas que permitan, de una vez por todas, que no sigan falleciendo personas intentando llegar a nuestras costas, que no sigan naciendo bebés en las pateras y que no veamos a niños en desamparo en nuestra tierra que no pueden ser atendidos como merecen».

A su vez, ha cargado contra el Gobierno central, puesto que cree que el país «merece una política nacional, y quien gobierna, o desgobierna, este país no es otro que el PSOE, por eso hemos hecho un llamamiento a que haya un acuerdo para poder financiar y ayudar a las comunidades autónomas», ha referido.