El premier británico, Keir Starmer, ha ordenado una “urgente revisión nacional” de la actividad de las bandas de explotación sexual de menores en el Reino Unido, en respuesta a la presión política desencadenada desde la intervención en redes sociales de Elon Musk, acusándole de complicidad durante su etapa como jefe de la Fiscalía de la Corona entre el 2008 y el 2013.

La secretaria de Interior Yvette Cooper ha anunciado una apertura de “revisión nacional” que durará tres meses y será dirigida por Louise Casey, que realizó un informe sobre los abusos sexuales en Rotherham, uno de los puntos calientes en el norte de Inglaterra, junto a localidades como Rochdale, Oldham o Telford.

El volantazo del Gobierno laborista se produce apenas una semana después de que el Parlamento votara contra la apertura de una nueva investigación nacional sobre el abuso de menores en suelo británico, similar a la realizada por la profesora Alexis Jay a lo largo de siete años.

Unos 7.300 casos de abusos de menores a manos de los así llamados grooming gangs fueron denunciados el último año en el Reino Unido, después de haber alcanzado un pico de 19.000 casos en el 2019. El ex primer ministro Rishi Sunak decidió crear una Fuerza de Choque contra las bandas de explotación sexual, aunque la propia Alexis Jay ha reconocido que la gran mayoría de sus 400 recomendaciones no han sido puestas en práctica.

“La revisión nacional examinará todos los datos incluidos en la investigación del 2022 relativos a la geografía y a la etnia de los integrantes de la bandas de explotación sexual, así como los factores sociales que propician este tipo de delitos”, informó Yvette Cooper durante una intervención en el Parlamento.

Enorme presión política
Ante la presión política, Cooper anunció la semana pasada tres medidas inmediatas, como el endurecimiento de las sentencias, la obligatoriedad de denunciar los indicios de abusos de menores y la mejora en la gestión de datos sobre la actividad de las bandas.

“Durante demasiado tiempo, estos abusos horribles han seguido ocurriendo, las víctimas han sido ignoradas y los agresores han sido dejados sin castigo mientras mucha gente ha decidido mirar hacia otro lado”, declaró Cooper, en referencia a las críticas contra la policía y los servicios sociales por ocultar la etnia de los agresores por temor a crear tensiones sociales.

El Partido Conservador ha criticado la reacción del Gobierno laborista como “insuficiente”. La líder de la oposición tory, Kemi Badenoch, causó un revuelo político esta semana al asegurar que la mayoría de los agresores son “campesinos de subcomunidades” y al establecer un vínculo con la inmigración, especialmente de países asiáticos.
“Hay algunos lugares en los que la gente se comporta así, formando turbas que quema las casas de las víctimas”, alegó Badenoch, hija de inmigrantes nigerianos, en referencia directa a casos similares ocurridos en el Reino Unido. Un muestreo de 1.231 casos realizado en el 2015 concluyó sin embargo que el 42% de los agresores en las bandas de explotación sexual eran blancos, frente al 17% negros y el 14% asiáticos.

Un estudio del Departamento de Interior advirtió en el 2020 que hay “limitaciones significativas” a la hora de establecer un vínculo directo entre etnias y bandas de explotación sexual. La ex secretaria se Interior conservadora Suella Braverman llegó a asegurar sin embargo públicamente que “casi todos los integrantes de las bandas son paquistaníes británicos”.