Amnistía Internacional ha advertido del fracaso del sistema de protección de menores migrantes de Canarias. Un equipo de la entidad ha viajado a las islas para conocer las condiciones en las que son acogidos los jóvenes que llegan solos en pateras y cayucos. Tras su visita, la organización ha concluido que la masificación de los centros es uno de los principales problemas. Los recursos están ‘’muy por encima de su capacidad’’ y con unos recursos humanos y económicos ‘’insuficientes para atenderles adecuadamente’’.

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También destaca la falta de formación especializada, de intérpretes y de asistencia jurídica gratuita y de calidad. La organización ha enviado este jueves una carta a todas las comunidades autónomas, al Ejecutivo central y a los partidos políticos para exigir que se respete el interés superior del menor ‘’también cuando se trata de menores migrantes’’ llegados al Archipiélago.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, insiste en que las administraciones deben adoptar de manera ‘’urgente e inmediata’’ una propuesta de reparto ‘’vinculante, obligatorio y equitativo’’ que permita garantizar una acogida digna de los niños y niñas extranjeros tutelados por cualquier administración. ‘’Dos años llevan las comunidades autónomas sin asumir su responsabilidad en la acogida de estos niños y niñas, tal y como es su obligación según los tratados internacionales’’, asevera Beltrán.

En la actualidad, Canarias tutela a 5.600 niños y adolescentes no acompañados. Según las cifras que publica Amnistía Internacional, en agosto de 2024 solo habían sido trasladados a otras regiones 192 menores a través de los acuerdos de acogida voluntaria adoptados en cada Conferencia Sectorial de Infancia.

’’Tanto el Gobierno estatal como los autonómicos, especialmente el de Canarias, llevan meses negociando un acuerdo en relación a un posible Decreto Ley que alivie la situación de los niños y niñas no acompañados en Canarias. Esperamos que la propuesta esté basada efectivamente en el interés superior del menor“, exige el director de la organización en Canarias.

Miedo a cumplir 18 años

’’Cuando cumples 18 años tienes que buscarte la vida, pero cómo lo vas a hacer si no tienes nada. Muchos chicos tienen que irse (del centro de acogida) al cumplir la mayoría de edad, pero se van sin nada. Tengo miedo de que esto me pase a mí también“, contó un camerunés de 17 años al equipo de Amnistía. El joven lleva dos años y dos meses en las islas, a donde viajó para intentar ayudar a su madre y a sus hermanos.

Otro joven marroquí que llegó a Canarias con 17 años está ahora en situación de calle. Cuando salió del centro de menores por cumplir la mayoría de edad ‘’nadie le informó de su situación administrativa’’, de que su empadronamiento en el centro había sido dado de baja. Tampoco de que le retirarían su tarjeta sanitaria.

“El sistema está abandonando a estos chicos y chicas, dejándoles sin herramientas para lograr su integración social”, advierte Virginia Álvarez, responsable del área de Investigación y Política Interior de Amnistía en España.

La organización también señala los problemas de coordinación entre las diferentes instituciones que trabajan con los menores no acompañados como la Dirección General de Protección a la Infancia, la Fiscalía y la Policía Nacional. Por otra parte, Amnistía Internacional también propone que se refuercen los mecanismos de denuncia para que sean accesibles y efectivos, con el fin de que los menores puedan contactar con las autoridades en caso de ser necesario.

La entidad insiste en que necesita mejorar la supervisión de los centros de acogida de emergencia. Según ha revelado este periódico, la Consejería de Bienestar Social solo ha realizado 28 inspecciones en los últimos cinco años, según datos obtenidos por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia.

La información procede del Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Viceconsejería de Bienestar Social, el departamento encargado de “la inspección y control de los servicios, hogares funcionales y centros de atención a la infancia” de las Islas. De acuerdo con esa resolución, en 2020 tan solo se realizaron dos actuaciones, en 2021 hubo un total de seis, en 2022 apenas dos, en 2023, cuatro y en 2024, hasta el 10 de diciembre de ese año, se habían llevado a cabo 14 visitas.

La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Ejecutivo regional, Sandra Rodríguez, de Coalición Canaria (CC), “entiende” que estas cifras hacen referencia a las actuaciones que incluye el acuerdo entre la Viceconsejería de Bienestar Social y la Policía Canaria, que “son solo una de las inspecciones que se realizan”. Ella defiende que la Administración efectúa “muchas” más. Dice que los técnicos de su departamento visitan los centros de menores migrantes “con asiduidad”, que “se habla” con ellos y que “se trata de atender sus demandas”.

Frenar el racismo

El racismo es otra de las amenazas a las que se enfrentan los menores no acompañados en Canarias. Amnistía Internacional pide que se establezca una estrategia que incluya medidas adecuadas y contundentes para combatir el racismo contra los niños y niñas, ‘’especialmente cuando viene por parte de corporaciones locales y/o de responsables políticos’’.

‘’Señalamiento y estigmatización a los menores en distintos ámbitos, incluso en algunos centros sanitarios por su personal, o presiones xenófobas para dejar de atenderles son algunas de las consecuencias de este racismo existente en las islas’’, insisten.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Ante estas deficiencias identificadas, Amnistía Internacional recomienda a las autoridades asegurar la protección jurídica efectiva de los menores no acompañados y descartar propuestas como la que lanzó el presidente canario, Fernando Clavijo, de devolver a los jóvenes a Marruecos.

Radiografía de la inspección a los centros de menores migrantes: solo 28 controles en cinco años y visitas con previo aviso

Identificar adecuadamente a los niños, protegerlos y determinar su edad de forma respetuosa con los derechos humanos; garantizar el derecho de los menores a tener documentación; dotar a Canarias de recursos suficientes, habilitar canales de denuncia efectivos para los menores, reforzar los servicios sanitarios; adoptar medidas contra el racismo y la discriminación y que las comunidades cumplan con el principio de solidaridad son otras de las propuestas trasladadas por Amnistía Internacional.