El Ararteko ha criticado en una resolución una operación policial realizada el pasado 14 de marzo de 2024 en el antiguo instituto de Martutene, abandonado desde hace años y ocupado por medio centenar de personas sin hogar.

La operación fue liderada sobre el terreno por la Guardia Municipal donostiarra, en colaboración con la Ertzaintza y la Policía española. Se identificó a 56 personas y 29 de ellas fueron puestas a disposición de la Policía española para cumplimentar trámites de extranjería. Desde diferentes medios se señaló que la actuación parecía obedecer a motivos de seguridad y a la existencia de quejas y denuncias por parte del vecindario del barrio en el que se ubica el edificio.

Tras conocer estos hechos a través de los medios de comunicación, el Ararteko abrió una actuación de oficio y se dirigió al Ayuntamiento de Donostia para recabar más datos, en concreto para conocer si se facilitó o informó a estas personas de alternativas residenciales y si la operación se coordinó con los servicios sociales municipales para intentar dar respuesta a las necesidades de estas personas.

El Ayuntamiento, según consta en la resolución del Ararteko difundida este jueves, respondió que la finalidad del dispositivo no fue el desalojo del inmueble –que no se produjo– sino la identificación de las personas que se encontraban alojadas en él.

«No da una respuesta integral»

Al respecto, la Defensoría del Pueblo concluye que «esa intervención policial dirigida a identificar a las personas sin hogar, aislada de otras medidas, no favorece una respuesta integral al problema del sinhogarismo». «Esta actuación no responde a un plan previamente acordado en el que se tengan en consideración las múltiples dimensiones del problema», explica.

Así, el Ararteko recuerda los compromisos institucionales vigentes en materia de atención a personas sin hogar y de inmigrantes, entre ellas la II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave 2024-2028, que reúne directrices de Naciones Unidas. Concretamente, sostiene que esa estrategia «exige el alineamiento y la colaboración y coordinación de todas las administraciones públicas vascas competentes, en la atención a la situación de las personas sin hogar».

También cita el Pacto Social Vasco para la Migración, aprobado en 2019, que se compromete a «ofrecer recursos necesarios para una respuesta humanitaria adecuada a migrantes en situaciones de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres, menores y víctimas de violaciones de derechos humanos».

«Las actuaciones policiales deberán coordinarse con el resto de las actuaciones previstas en la Estrategia para dar respuesta de manera integral a las necesidades de las personas sin hogar», concluye el Ararteko en su resolución.