Esta mañana se ha producido la declaración como testigo de una de las becarias del musical de Nacho cano Malinche, Victoria Hernández. Igualmente, estaban previstas las declaraciones testificales de David H., productor ejecutivo de Malinche, así como del director de la Escuela Jana, Javier M..

La primera ha declarado de forma contundente y firme. Ha explicado con detalle que fueron siempre estudiantes becados, y no trabajadores, que se beneficiaron de un proceso de formación de diez meses en el Musical, como estaba previsto. Hernández ha detallado que, asociada a esa formación, realizaron prácticas en el escenario en minutos contados en sesiones esporádicas del musical, sin sustituir jamás a ningún miembro del elenco. Todo ello desmontaría la acusación de “delitos contra los trabajadores”, como ya había hecho la inspección de trabajo. También ha relatado la becaria mexicana el proceso de su entrada en España como turistas, realizando a continuación, como estaba previsto, su matricula en la Escuela Jana y el trámite de solicitud de estancia de estudios aportando toda la documentación necesaria, tal y como prevee la legislación. Esta versión, la misma que han mantenido desde el comienzo los investigados, “vuelve a desmontar la acusación de la ex becaria expulsada y todo el montaje urdido desde la Comisaría de Leganitos”, expone su entorno.

Victoria Hernández ha relatado graves irregularidades e infracción de derechos fundamentales en retención policial en dicha comisaría en la que, bajo la excusa de una “identificación rutinaria” se les retuvo durante 11 horas el 27 de junio del año pasado. En esa detención irregular de los becarios (a los que no se acusaba de nada) se , interrogó a todas las chicas sobre diferentes cuestiones personales, cuando los delitos objeto de investigación nada tenían que ver con ello. También se vieron obligados por la Policía de la Comisaría de Leganitos a exhibir y realizar capturas para la remisión a los policías de su mensajería privada y correos electrónicos sin tener autorización judicial para ello, recibiendo igualmente mensajes con insinuaciones de los policías con posterioridad.

Respecto de los otros dos testigos citados, el Ministerio Fiscal (MF), que fue quien propuso esas testificales hacía meses, ha cambiado sorpresivamente su posición en el momento de la declaración y al comienzo, ha propuesto que fueran citados ambos como investigados sobre la base de una presunta participación en la simulación de la formación de los becarios. La jueza instructora ha seguido la petición del MF.

“Desde aquí manifestamos que estaba ya todo previsto, el MF hace semanas que conoce los testigos y su situación, habiéndoles citado en condición igualmente de testigos. Sin embargo, no ha hecho ninguna valoración previa sobre ellos antes del día de hoy, para proponer ahora un cambio en su situación procesal con el que extender más este procedimiento y hacer aún más daño reputacional tanto a Jana como a Malinche”, expresan los ahora investigados, que añaden que “la inspección de trabajo analizó la formación de los chicos, los contratos o convenios de Malinche y la Escuela Jana y un estudio exhaustivo de la situación de los becarios, concluyendo que eran eso, la realidad de la formación y la vinculación con Escuela Jana”.

“Denunciamos una intento de extender injustificadamente un procedimiento que debería estar completamente cerrado, con una connivencia inusitada de MF, Instructora y causaciones”.

Ante lo sucedido hoy en el juzgado número 19 de Madrid, David H., productor Ejecutivo de Malinche, afirma:

“Es una verdadera vergüenza ver que una vez más este gobierno corrupto y su entorno utilice la estrategia del fango para generar dudas sobre un caso que es meridianamente claro. El fiscal archivó el caso días antes de la irrupción de los policías de la comisaría de Leganitos en nuestra escuela de musicales. La inspección laboral ha dictaminado claramente, a pesar de toda la presión en su contra, que los becarios eran efectivamente eso, estudiantes y no trabajadores. En cuanto a la acusación de fomento a la inmigración, no hay delito de ningún tipo ya que se ha gestionado por profesionales que han seguido el mismo criterio que el 90% de las solicitudes de visados estudiantiles que indica la normativa europea aplicable desde el 2018. La fiscal, CCOO y la juez demuestran querer mantener este caso vivo durante más tiempo para intentar sembrar dudas y atacar a personas de intachable reputación que se dedican a generar empleo y vivir de su esfuerzo. Nuestro crimen para ellos es la disidencia, la rebeldía frente a su abuso, no obedecer al pensamiento único. Quieren usar las herramientas del Estado para atacar a los empresarios que no sean de su cuerda. Acudiremos a todas la instancias judiciales necesarias nacionales o internacionales hasta que haya justicia”.