La actuación policial para desalojar un edificio okupado en Martutene el pasado mes de marzo y que terminó con la identificación de 56 personas que vivían en él y la apertura de expediente de expulsión del país de 29 arrestados llegó hasta el Ararteko. Tras hacerse eco de lo sucedido, el Defensor del Pueblo vasco inició una actuación de oficio que acaba de concluir y solicitó al Ayuntamiento de Donostia una ampliación de la información.

Si bien desde el consistorio de San Sebastián, según explica el propio Ararteko en un comunicado este jueves, defendieron que la finalidad de la actuación no era el desalojo sino identificar a quienes se encontraban en el edificio, en una resolución Manuel Lezertua advierte de que este tipo de actuaciones «no favorecen la respuesta al problema del sinhogarismo» que las instituciones llevan tratando desde hace tiempo. Por eso, insiste, «las actuaciones policiales deberán coordinarse con el resto de las actuaciones previstas en la Estrategia para dar respuesta de manera integral a las necesidades de las personas sin hogar».

Los recuentos y estudios que se están realizando tanto en Euskadi como en Gipuzkoa sobre las personas en situación de exclusión residencial grave revelan que, desde 2012, hay un aumento constante del número de ‘sin techo’, que se acentúa en y Donostia. Parece, por tanto, que «esta actuación aislada no responde a un plan previamente acordado en el que se tengan en consideración las múltiples dimensiones del problema del sin hogarismo». Por ello, el Ararteko ha subrayado «la necesidad de un plan integral para el municipio y de una mayor coordinación tanto interna como externa entre las administraciones y agentes implicados».

El Ararteko, desde su recomendación general, tras el confinamiento derivado de la pandemia así como tras el seguimiento de su cumplimiento, ha reiterado la necesidad de realizar actuaciones por parte de las diferentes administraciones públicas competentes. En este contexto concluye que «esa intervención policial dirigida a identificar a las personas que se alojaban en el edificio abandonado, aislada de otras medidas, no favorece una respuesta integral al problema del sinhogarismo».

En su lugar, aboga por la aplicación efectiva de los planes y programas estratégicos, como la mencionada II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave (2024-2028) y el VI Plan Intercultural de Ciudadanía, Inmigración y Asilo (2022-2025). «Cualquier intervención en este ámbito debe garantizar una coherencia de las políticas públicas que se están impulsando y la coordinación entre los sistemas públicos y administraciones competentes«.

El Ayuntamiento de Donostia, por su parte, defiende que «no puede permitir que la convivencia del municipio se vea alterada por personas que delinquen o que atemorizan a la ciudadanía, por lo que va a actuar de forma contundente en todas aquellas situaciones que así lo requieran. Una cosa es la atención a las personas o colectivos vulnerables, algo en lo que este Ayuntamiento está comprometido y para lo que se dedica un considerable esfuerzo de recursos humanos y económicos, y otra muy distinta la pasividad ante la comisión de delitos o la impunidad. Tolerancia cero ante quien altera la convivencia».

Además, insiste en que «el barrio de Martutene sufrió durante un tiempo una situación de inseguridad y problemas de convivencia que fueron reiteradamente denunciados por el vecindario de la zona. El Ayuntamiento, la Guardia Municipal y la Ertzaintza constataron que buena parte de esos problemas tenía su origen y localización en el edificio okupado de los Agustinos, parte de cuyos inquilinos provocaban situaciones de tensión y delincuencia, como robos, peleas, vandalismo o agresiones». Tras la operación policial para identificar a las personas que residían de forma ilegal en el edificio, «se pudo constatar la presencia de varias personas con órdenes de expulsión, y se incautaron varios objetos provenientes de robos».