Euskadi y Canarias siguen haciendo causa común para lograr enraizar la propuesta conjunta que ambas comunidades plantearon formalmente en la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre en Santander para la distribución extraordinaria de menores no acompañados. Y este jueves se ha logrado avanzar en ese intento de garantizar un reparto «equilibrado» de los menores después de que el propio Gobierno central, tras una reunión entre el Ejecutivo canario y el Ministerio de Política Territorial, se haya comprometido a cerrar en 10 días un decreto específico al respecto. Un paso que ha aplaudido el lehendakari, Imanol Pradales: «Me consta que la reunión ha ido bien, que avanzamos en el sentido positivo», ha manifestado.

El jefe del Gobierno Vasco, que desde su llegada a la Lehendakaritza ha mantenido un discurso crítico contra la falta de medidas y de un plan estructural en el que se incentiven los recursos para abordar con garantías la crisis migratoria, ha revelado, tras conversar con el presidente de Canarias, que Fernando Clavijo ha salido «satisfecho» de dicha reunión. «Realmente se ha alcanzado un acuerdo para que este mismo mes se pueda disponer de una propuesta de decreto ley que permita encarar el problema de la crisis migratoria fundamentalmente de los menores extranjeros en Canarias, pero que también afecta al conjunto del Estado y de la península», ha explicado Pradales.

De hecho, en el encuentro celebrado este jueves, además de conversar sobre la necesidad de atender la frontera sur, también ha salido a la palestra la relevancia de blindar también la frontera norte, es decir, la zona que afecta a Euskadi. Tal y como recoge la propuesta común que ambos gobiernos presentaron en Santander y que ya ha contado con el respaldo de Ceuta y de Aministía Internacional. Si se exceptúan Canarias, Ceuta y Melilla, Euskadi es la Comunidad Autónoma que más personas menores de edad acoge en proporción a su población.

Por todo ello, mañana mismo se va a constituir un grupo de trabajo desde el punto de vista jurídico-legal cuya función será preparar el borrador del texto de ese decreto ley. Según ha explicado el lehendakari, el compromiso político cerrado esta mañana es que ese decreto ley esté listo para este mismo mes de enero. Será entonces cuando pase por el Consejo de Ministros para poder negociar después el texto con las distintas fuerzas políticas que integran el Congreso, que es donde se debe aprobar por mayoría, y donde el PP sigue oponiéndose junto a Vox.

«En todo caso ha destacado Pradales, es una buena noticia, es un avance muy positivo que va a permitir poder aplicar, si llegamos a lograr esas mayorías en el Congreso que son necesarias para que entre en vigor ese decreto ley, una medida extraordinaria de reparto de los menores extranjeros que no solamente están en Canarias sino que están llegando al conjunto de la península y del Estado y que también establecería una metodología de reparto».

Pradales ha insisto por eso que el paso dado hoy «es muy relevante». «Yo quiero ser positivo porque hemos dado un paso adelante gracias a la iniciativa que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de Euskadi pusimos encima de la mesa en la pasada Conferencia de Presidentes en Santander», se ha felicitado.

Euskadi
Por otra parte, Pradales también ha recordado los contenidos de la propuesta vasco-canaria, entre ellos, un método de reparto basado en cinco variables que atiende a cuestiones como la población, la tasas de desempleo, la riqueza del territorio y la solidaridad con el resto. «Todo ello para un reparto equitativo y equilibrado de los menores en el conjunto del Estado», ha reiterado el lehendakari. Aspectos que el lehendakari cree relevantes tener en cuenta a la hora de abordar ese reparto de menores inmigrantes sin acompañamiento.

Según ha indicado, eso es «importante» porque «hasta la fecha hay comunidades que no están acogiendo a menores». En este sentido, ha recordado que la tutela de las personas menores es una «obligación legal porque no pueden viajar por el Estado sin ningún tipo de control porque se estaría cometiendo una ilegalidad». «Por lo tanto, la responsabilidad de la administración pública es la de tutelar y en su caso acompañar a estos menores en su proceso de integración, de formación, de inserción en un territorio», ha destacado.

Pradales ha subrayado igualmente que eso es algo que en Euskadi se está haciendo, ya que la capacidad normativa y la competencia es fundamentalmente de las tres diputaciones forales, que tienen prácticamente 900 menores extranjeros en su sistema de tutela. «Están muy por encima de las capacidades que tienen las propias diputaciones y los recursos con los que cuentan», ha lamentado. Por ello, según ha apuntado, lo que están pidiendo desde hace mucho tiempo es que «haya una solidaridad, un reparto equilibrado de estos menores».

«Y además que, más allá de las competencias que tenemos cada uno de nosotros, los elementos que saturan el sistema porque hay una crisis humanitaria, porque hay una falta de planificación, porque hay un problema estructural que tiene que ver con cómo gestionamos la migración en el conjunto del país también tengan un soporte económico y presupuestario porque hasta la fecha estamos nosotros atendiendo con los recursos públicos propios un tema que va más allá de las competencias que tenemos en los territorios forales o en la comunidad», ha denunciado.

A su juicio, hay que «atenderlo en su globalidad» y es un tema que no implica «única y exclusivamente» el compromiso de las comunidades autónomas o de las diputaciones forales, en el caso vasco, sino que conlleva también «una necesidad de recursos públicos por parte del Estado» ante una cuestión que «es de carácter estructural».

Por ello, ha reclamando, como ya lo hizo en la reciente Comisión Bilateral que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se tengan en cuenta todas estas cuestiones para «poner en marcha un plan de contingencia estructural». «Hay que tomárselo con seriedad», ha sentenciado Pradales, quien ha destacado que se está avanzando gracias a las gestiones que están desarrollando, tanto el gobierno de Canarias como el gobierno de Euskadi, en relación con esta cuestión.