l compromiso anunciado ayer por el Gobierno central para impulsar de urgencia el reparto de menores extranjeros llegados a España sobre la base de la propuesta presentada por el lehendakari y el presidente de Canarias, partidarios de una distribución «equilibrada» de los jóvenes entre las diferentes comunidades autónomas, es un primer paso esperanzador en busca de una solución a la crisis migratoria del archipiélago, donde los 5.000 chicos y chicas que aguardan su traslado a otras regiones han colapsado los servicios de atención social. El plan, acordado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, establece un plazo de «diez días» para poner en marcha el procedimiento por la vía del decreto, cuya aprobación quedará en manos del PP y de Junts, que ya tumbaron al alimón la ley de extranjería. A pesar de esos recelos, Imanol Pradales saludó la iniciativa como «un avance muy positivo» al considerar que permite aliviar la crisis en «la frontera sur, pero también en la frontera norte», en alusión a Euskadi, donde los centros forales sufren problemas de saturación al asumir la tutela de 900 menores extranjeros no acompañados. Pradales ve «un paso adelante» en un posible reparto que, en su opinión, debe tener en cuenta variables como la población, la riqueza y el empleo de cada territorio de acogida. La medida es una forma de superar las trabas que impiden la aprobación de una nueva ley mientras se mantienen las negociaciones. El PP insiste en rechazar cualquier distribución de menores «no consensuada y sin una dotación presupuestaria adecuada» para evitar gestionar la «inmigración irregular» a golpe de decreto y Junts parece mirar más de reojo a Alianza Catalana, su rival en el flanco independentista con planteamientos que bordean la xenofobia.

El bloqueo revela la incapacidad política para abordar en toda su dimensión el complejo fenómeno de la inmigración, que va mucho más allá de una distribución equitativa de unos menores que precisan de un seguimiento en profundidad para procurar su integración en favor de la convivencia y que, además, exige una mayor colaboración con sus países de origen. Por muy voluntariosas que sean algunas medidas, son aún insuficientes para dar una respuesta a la altura del drama humanitario que se vive en aguas entre África y Canarias, en las que se han dejado la vida más de 10.000 personas el año pasado.