El Gobierno busca alternativas al bloqueo del PP de la reforma de la ley de extranjería para establecer un reparto obligatorio entre comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes. En plenas conversaciones con Junts para la delegación de competencias de la gestión de inmigración a la Generalitat, el Ejecutivo plantea sacar vía decreto una solución excepcional a la situación de emergencia que afrontan principalmente Canarias y Ceuta, y para ello necesita los votos de los siete diputados de Carles Puigdemont en el Congreso, con los que ya se encuentra negociando también sobre ese reparto.

2024 ha cerrado como el año en que oficialmente más personas migrantes llegaron a las Islas Canarias desde que se tienen registros. El balance del Ministerio del Interior refleja que la cifra supera con creces la barrera de las 40.000, muchas de ellas menores no acompañadas que arriban a España en situación de desamparo. Y el panorama no ha hecho más que agravarse desde el comienzo de la Navidad ante la incapacidad de las instituciones de dar una respuesta urgente por la falta de un acuerdo político.