La sesión de la Diputación Permanente de ayer sirvió para dejar en evidencia tanto la nueva situación de debilidad del Partido Socialista, como el rechazo generalizado que ha suscitado su caótica política de inmigración. Con distintos argumentos y unos con más dureza dialéctica que otros, todos los grupos pidieron explicaciones al Gobierno por la crisis generada a raíz de la regularización masiva impulsada de manera demagógica y atolondrada por Caldera. ERC y Coalición Canaria, hasta ahora aliados del Gobierno, se sumaron a las críticas del PP que, en una contundende y bien argumentada intervención de María Salom, enumeró los perjuicios derivados de la «nefasta» política del Gobierno. El Ejecutivo, en efecto, ha convertido a España en «el coladero de Europa», con medidas que han «multiplicado exponencialmente» el efecto llamada que todo país rico ejerce sobre comunidades sumidas en el subdesarrollo. A esto se añaden su irresponsable reparto de los ilegales por la Península siguiendo criterios partidistas y su incapacidad a la hora de presentar otra cosa que no sean «parches». La unanimidad de la crítica debería hacer reflexionar al Gobierno. Ni Caldera ni Rubalcaba – que el jueves comparecerá ante el Congreso para explicar la actuación del Gobierno – pueden escudarse en la retórica autoexculpatoria. Hacen falta soluciones urgentes y viables para un drama que amenaza con convertirse en un problema muy serio. En términos generales, la inmigración ha sido clave para el desarrollo de nuestro país. Según un estudio publicado ayer, la llegada de extranjeros ha impulsado en 3,2 puntos el crecimiento anual del PIB. Ahora bien, una cosa es la inmigración legal y otra muy distinta la avalancha de sin papeles, muchos de los cuales nunca llegan a integrarse en el sistema. Es hora de que el Gobierno entienda la diferencia y actúe en consecuencia.