El PP acusa al Ejecutivo de haber provocado «más muertes, más traslados y más irregulares» Todos los grupos parlamentarios exigieron ayer al Gobierno, con mayor o menor intensidad y dureza dialéctica, que asuma sus responsabilidades ante la avalancha de inmigrantes que se ha producido este verano.

Durante la celebración de la última Diputación Permanente del periodo estival, dedicada monográficamente a este asunto, se empezó a vislumbrar ayer que el Grupo Socialista empieza a tener enfrente a más partidos que el PP.

De hecho, los portavoces parlamentarios de ERC, Joan Puigcercós, y CC, Paulino Rivero, vertieron durísimas críticas contra la actuación del Gobierno, aunque los dos rechazaron la demagogia con la que, en su opinión, el PP aborda este asunto.

Puigcercós acusó al Gobierno de «relajación y falta de previsión» ante este problema. Además, denunció dos hechos muy preocupantes en su gestión de la crisis: la sensación de que el problema se descontrola preocupando a la ciudadanía y el fallo generalizado de los mecanismos de coordinación y comunicación con las comunidades autónomas.

No se quedó atrás Paulino Rivero, quien afirmó que el apoyo de la UE puede considerarse «nulo». También acusó al Ejecutivo de tener una política de inmigración «sin dirección» que, para Coalición Canaria, «está haciendo aguas». Rivero hizo, además, un durísimo reproche al Ejecutivo, tal vez el más duro que se oyó en toda la sesión vespertina: «El Atlántico se está convirtiendo en un cementerio. Más de 500 muertos y más de 3.000 desaparecidos… esto necesita un cambio de rumbo».

Aunque ERC y CC insistieron en desmarcarse de las posiciones del PP, sus críticas no difirieron mucho de las de los populares.

La diputada del PP María Salom acusó al Gobierno de que, con su política inmigratoria, «hay más muertes que nunca, más llegadas de inmigrantes irregulares que nunca y más ciudadanos irregulares en España que nunca».

Un total de 359 sin papeles llegaron a las costas españolas en las últimas 24 horas.

Salom vinculó esta situación a la regularización aprobada por el Gobierno del PSOE, y pidió a José Luis Rodríguez Zapatero «menos marketing, menos imagen hueca, menos frases grandilocuentes» y que «solucionen el problema que han creado». Además, la diputada del PP volvió a acusar al Gobierno de «castigar» a las comunidades autónomas gobernadas por su partido en los traslados de inmigrantes.

Pacto de Estado

En menor medida, Gaspar Llamazares (IU – ICV), Emilio Olabarria (PNV) y Begoña Lasagabaster (EA) también admitieron la gravedad de la situación y la necesidad de que el Gobierno comparezca, explique y actúe. CiU, en lo que puede ser su nuevo papel en esta legislatura, hizo una intervención más moderada, pidiendo un pacto de Estado sobre la inmigración. Antonio Hernando, portavoz del PSOE, se agarró a este salvavidas tirado por CiU, porque tampoco a él se le escapó que la sesión parlamentaria no iba especialmente bien para su grupo. De esta forma, dijo con habilidad que los socialistas ven «con simpatía» dicha propuesta y toda su intervención la dirigió exclusivamente contra el PP. Hernando rechazó que las comunidades gobernadas por los populares sean las que acojan la mayoría de los traslados y puso como ejemplo que Madrid sólo ha ofertado 100 plazas, mientras que Castilla y León y La Rioja, ninguna.

Además, el portavoz socialista pidió al PP que no hiciera demagogia con este asunto, «porque a lo mejor es fácil que dé votos, puede serlo, pero puede también dañar muy gravemente la convivencia».

Finalmente, se aprobaron las comparecencias que ya acordó el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, comparecerá el jueves, día 31. Caldera lo hará el 7 de septiembre, aunque la del ministro de Trabajo no se aprobó al estar ya en fechas del periodo ordinario de sesiones.

El resto de comparecencias – referidas al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí – no se aprobó.