El traspaso de la competencia de las autorizaciones de empleo para los trabajadores migrantes supone una medida extraordinariamente positiva para combatir la economía sumergida. La actuación despeja algunas dudas. Los testimonios que hoy recoge DV son bien elocuentes a este respecto y ofrecen un muestreo tan plural como representativo. Son hasta 20.000 los ciudadanos sin papeles que realizan en el País Vasco sus trabajos en sectores como la hostelería y la construcción, sobre todo, pero también en el ámbito de los cuidados, en donde la cifra de precariedad sigue siendo bastante alarmante. En determinados círculos empresariales se apunta que van a hacer falta hasta 14.000 nuevos contratos al año. Euskadi demanda mano de obra, también en sectores más cualificados que tienen que ver con la producción de valor añadido, con la innovación, o con un cambio del modelo industrial que aún se mueve en un territorio de impreciso contorno, pero que en todo caso dibujan un modelo productivo en acelerada transformación. Algunos pronósticos son muy reveladores de esta profunda mutación. Para 2050, un 30% de la población de Euskadi será de origen extranjero o integrada por hijas e hijos de extranjeros. El dato plantea en los próximos años una revolución de enorme alcance sociológico en el largo plazo, pero también en el ámbito profesional y laboral, en donde los planes de inserción van a resultar imprescindibles para garantizar una mano de obra cada vez más cualificada y formada. Hay que hacer pedagogía de todo esto para entender que la inmigración es, sobre todo, una inmejorable oportunidad que no sólo nos enriquece en la diversidad sino que, además, también necesitamos, entre otras razones si queremos una sociedad que se garantice un futuro de sostenibilidad en el modelo de pensiones. Cuando la curva demográfica es la que es, con un progresivo envejecimiento de la sociedad, reclama una mayor presión asistencial y crecientes servicios sociales, tenemos que encontrar un razonable equilibrio que afiance los niveles de protección y cohesión en la sociedad vasca, alejándose de cualquier deriva o tentación populista o extremista que vuelve a convertir a los migrantes en un chivo expiatorio de los problemas. Luchar contra este relato injusto constituye un imperativo democrático y ético.