El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado que el resto de España “da la espalda” a Canarias ante la llegada de miles de migrantes a las islas, y ha opinado que en el reparto de menores la responsabilidad recae, textualmente, tanto del Gobierno central como el Partido Popular.

El Gobierno da por imposible pactar la acogida de menores migrantes con el PP y negocia ya con Junts reformar la ley

En una entrevista este domingo en ‘La Vanguardia’, recogida por Europa Press, Clavijo ha dicho que el Gobierno tiene mayor responsabilidad porque participa directamente en la gestión de la situación, pero que el PP “ha decepcionado” como oposición.

Sobre la reunión con el Gobierno y el PP para el reparto de menores, ha criticado que fue “muy frustrante, muy desesperante y muy decepcionante”, aunque ha remarcado que, pese a ello, el Ejecutivo canario debe atender a los menores migrantes.

“No puedo dejar que esa frustración y enfado me desvíe del objetivo que es atender a los menores ante un Estado y una Unión Europea que, de manera inexplicable, nos ha dejado abandonados”, ha expresado.

Para Clavijo, el sistema está colapsado y saturado y “el tema es durante cuánto tiempo va a mantener el Gobierno de España esta saturación, este colapso y esta insolidaridad”.

Ha detallado que actualmente hay más de 5.400 menores migrantes en Canarias, pero que siguen llegan pateras y advierte del drama humanitario: “El último dato es que cada 45 minutos muere un inmigrante intentando llegar a nuestras costas”.
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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Decreto ley para la distribución de menores

Con ello, el presidente canario ha explicado que el decreto ley que han presentado al Gobierno central incluye un artículo único en el que proponen una distribución de los menores migrantes, y que convocan a todas las fuerzas políticas en el Congreso para buscar apoyos.

Ángel Víctor Torres: “Si los menores llegados a Canarias fuesen blancos, no habría problema en repartirlos”

Por ahora, apunta, Junts se ha mostrado en disposición para colaborar en un reparto extraordinario de los menores entre las comunidades, y ha opinado que la posición de los juntaires es coherente, a su juicio, porque “no van a modificar una ley que permita que el Gobierno pueda mandar a los menores a Catalunya cuando quiera y como quiera”.