MANUEL PULIDO QUECEDO

No sabe qué hacer y cada día improvisa la ocurrencia oportuna. La última, la de desplegar por todo el territorio nacional a los llegados en cayucos, en especial a los menores.Es el tema de la emigración una cuestión nodal en la política española, cuya ordenación deja de ser satisfactoria. Unos y otros se echan las culpas, pero no se entrevé una solución ordenada de un problema complejo, en el que confluyen diversidad de factores. Desde la emigración latinoamericana pasando por la de los países del Este, muchos de cuyos emigrados ilegales han aprovechado la fragilidad de las fronteras Schengen, y por último, la emigración africana, por razones que tienen que ver con la facilidad o proximidad geográfica de nuestras fronteras del Estado español y también de la UE, aunque las instituciones comunitarias poco quieran saber de la política improvisada de un Gobierno aventurero.

¡Qué sensación de desgobierno e improvisación en esta materia, de tan particular importancia para nuestro futuro colectivo!

Se suele decir por los que quieren seguir la formalidad de lo políticamente correcto, que el problema de la emigración es de irresoluble solución, porque no es posible poner puertas a las ansias y el empeño de querer vivir frente al malvivir de sus países de origen. El hambre se dice no entiende de fronteras. Qué duda cabe que detrás de todo fenómeno emigratorio hay un drama o aventura personal, según los casos, pero de ello no cabe colegir que a España le corresponda resolver el drama de la emigración, que tiene perfiles distintos y que no se concentra sólo en la procedente de África, aunque sea la que más se vea.

Lo que se pide al gobierno actuante es que, lejos de lamentarse, articule una Política de Emigración, que no puede fundarse únicamente en la política de acogida indiscriminada y de regularización masiva, y tratar el problema como si de una ONG se tratase. Llama la atención sobremanera que un Gobierno de corte nacionalista, aunque sea en su veste más moderada, como es el canario, reconozca su impotencia y pida el auxilio del Estado Central, en su acepción de Estado que representa a todos los españoles y reconozca que hay problemas que tienen dimensión estatal, que sobrepasa lo autonómico, lo que no empece para que en su articulación y solución se oiga y atienda las proposiciones de todas las Comunidades afectadas.

España necesita de modo urgente articular como Estado una Política Inmigratoria atenta a la solidaridad humana, que reconozca todo lo positivo que la emigración aporta, pero sabiendo que la asimilación tiene un límite y que no es posible cada diez años aumentar progresivamente su población en cuatro millones de habitantes. ¿Quo vadis España?, habría que preguntar a los españoles.

Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional