Unicef llama a “despolitizar” la acogida de emergencia de menores migrantes que llegan a España y denuncia la “desprotección” que, asegura, se produce en algunos centros de acogida, especialmente en las Islas Canarias y Ceuta, donde la situación es “extraordinariamente preocupante”.

En un comunicado con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebra este miércoles 18 de diciembre, la entidad muestra su preocupación por los “millones de niños y niñas migrantes que se han visto desarraigados” de su entorno, procedentes de países como Malí, Marruecos, Gaza o Siria, debido a los conflictos bélicos, la pobreza o las consecuencias del cambio climático.

Según Unicef España, en Canarias, el sistema de protección de la infancia, con capacidad para atender a unos 2.000 niños y niñas, atiende a cerca de 5.500, mientras que en Ceuta el sistema acoge a más de 400, pese a estar preparado para unos 130.

“La situación de emergencia en nuestro país debe despolitizarse; estamos hablando de niños y niñas migrantes con historias muy duras detrás, cuyos derechos deben cumplirse y garantizarse. La infancia debe ponerse en el centro”, reclama la directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, Lara Contreras.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Por ello, la organización ve “urgente y crítico” llegar a un acuerdo para adoptar un sistema de traslado entre comunidades autónomas de niños y niñas migrantes no acompañados que sea “eficaz, ágil, transparente” y “coordinado entre todos los actores implicados”, todo ello dotado de los recursos suficientes.

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Y recuerda que los niños “nunca deben ser devueltos a entornos en los que sus vidas o su integridad física se vean amenazadas”, mientras que pide garantizar los recursos económicos y humanos en la frontera sur, especialmente en las Islas Canarias.