JULIO M. LÁZARO – Madrid

Los polizones que lleguen a bordo de un buque que atraque en un puerto español no podrán ser desembarcados, salvo por razones humanitarias, y la compañía naviera deberá responsabilizarse de ellos y devolverles a su país, según prevé el anteproyecto de Ley General de Navegación Marítima que ayer estudió el Consejo de Ministros y que va a ser sometido a dictamen del Consejo General del Poder Judicial, informaron fuentes del Ministerio de Justicia.

Según esas fuentes, las principales novedades de la norma se refieren al tratamiento de los polizones, que trata de adecuarse a las normas generales que rigen en materia de extranjería, de forma que el polizón que llegue a puerto no tenga una especie de derecho de acceso al territorio español. El anteproyecto prevé que el polizón tendrá que quedarse en el barco y el capitán deberá hacerse cargo de él y responsabilizarse de la devolución a su país de origen.

Las fuentes informantes no desconocen que la prohibición de desembarco puede desembocar en que los responsables del buque o de la naviera faciliten la llegada a nado del polizón encontrado a bordo, instándole a que salte al agua a pocas millas de la costa bajo amenaza de devolución. O que el trato dado al polizón suscite las “razones humanitarias” que obliguen a las autoridades portuarias a admitir su desembarco. Durante la tramitación parlamentaria se tratarán de arbitrar soluciones, ya que este tipo de situaciones “no son desconocidas para las mafias”, según las citadas fuentes.

Salvamento de vidas

El anteproyecto de ley de la navegación trata de homogeneizar nuestro ordenamiento con el derecho marítimo internacional y ha sido consultado con navieros, cámaras de comercio, transitarios y demás afectados, y cumple con la convención de la ONU sobre derecho del mar, que incluye la regulación del deber de prestar auxilio a toda persona que se encuentra en peligro de desaparecer en el mar y obliga a los Estados ribereños a crear y mantener un servicio de búsqueda y salvamento.

Otra de las novedades de la norma es la previsión de que los tribunales marítimos que ahora dependen de la Armada pasen a ser competencia de las juntas marítimas, dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante.

El anteproyecto dedica especial atención a la defensa de los intereses medioambientales, y en ese apartado desarrolla el convenio de aguas de lastre, las que que cargan los buques para equilibrar la carga y que después sueltan en zonas próximas a la costa causando problemas de suciedad y contaminación. La norma prevé que en los puertos se habiliten zonas específicas para este tipo de operaciones.