L. R. AIZPEOLEA – Madrid

El Gobierno zanjó ayer el debate sobre la posibilidad de que los inmigrantes no comunitarios participen en las elecciones municipales de mayo de 2007 basándose en la proposición no de ley presentada en tal sentido por los grupos parlamentarios del PSOE e IU-ICV el 18 de agosto. “Es altamente improbable”, respondió lacónicamente la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al finalizar el Consejo de Ministros. La vicepresidenta no cuestionó la legalidad de la propuesta parlamentaria, pero alegó razones de tiempo y oportunidad para que esté vigente en mayo.

El pasado 18 de agosto, PSOE e IU-ICV registraron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para ampliar el derecho a voto de los inmigrantes no comunitarios en las elecciones municipales los ciudadanos de la Unión Europea lo puede hacer desde 1992, de modo que se hiciera viable su participación en los comicios de mayo, tras cumplir una serie de requisitos jurídicos. “El objetivo político número uno es que en mayo de 2007 puedan votar el máximo número de gente y extranjeros que tengan residencia legal en España”, dijo el portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, en su presentación.

La medida afecta a unos 850.000 ciudadanos de la UE residentes en España, a los que habría que añadir otros 370.000 de los países latinoamericanos que tienen tratados de amistad y cooperación con España: Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela.

La proposición no de ley que presentaron PSOE e IU-ICV el 18 de agosto pretendía que el Gobierno activase esa ampliación de voto y avanzaba el procedimiento legal. El texto rezaba así: “El Congreso insta al Gobierno a proceder a la negociación y firma de acuerdos o convenios con los países con mayor número de nacionales residentes en España y, especialmente, con aquellos con los que éste tiene relaciones históricas, políticas y culturales más estrechas, al objeto de que dichos nacionales puedan votar y ser elegidos en las elecciones en España con arreglo al artículo 13,2 de la Constitución”.

Dicho artículo de la Constitución fija las condiciones para que los extranjeros voten en España: “Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo, en las elecciones municipales”.

López Garrido dijo que su pretensión era que la proposición no de ley fuera aprobada por el Congreso en septiembre y, a partir de ese momento, el Gobierno tendría que pedir al Consejo de Estado un dictamen sobre la interpretación del artículo 13,2 de la Constitución, que, a juicio del PSOE, utiliza un término ambiguo para limitar el voto de los inmigrantes en las elecciones municipales, como son los “criterios de reciprocidad”.

“Queremos saber si hay algún margen en esa expresión, que tiene cierta ambigüedad de interpretación. ¿Qué pasa con países como Ecuador, donde los extranjeros no votan, o en los que no se celebran elecciones?”, se preguntó López Garrido. “Está claro que si existe un tratado de reciprocidad entre España y otro país, eso ya es inmediatamente aplicable”, añadió.

Si España activase los convenios que tienen firmados con los cinco países latinoamericanos y los firmase con Marruecos y Ecuador, los dos países con mayor presencia de inmigrantes en España, la cifra de nuevos votantes ascendería a 1,2 millones.

Esta propuesta y el debate consiguiente en Cataluña, algunos partidos han planteado nuevas condiciones para que los inmigrantes voten pasó a la mesa del Consejo de Ministros de ayer, que decidió defenderla, pero quitándole la urgencia en su tramitación, como pretendían los proponentes socialista y de IU, para que entre en vigor en mayo de 2007.

La respuesta de la vicepresidenta de que es “altamente improbable” que los inmigrantes no comunitarios voten en las elecciones municipales de mayo de 2007 tiene una base política y otra jurídica. “El debate tiene el suficiente calado político como para evitar que se tramite en el poco tiempo que hay hasta la convocatoria de las elecciones. Necesita un amplio consenso político entre los partidos que deben decidir el tiempo mínimo de residencia para que los inmigrantes puedan votar. Pero el debate también necesita estar libre de coyunturas y de que algunos partidos puedan interpretar que hay un interés electoral en otros partidos en acelerar su aprobación porque el voto inmigrante les pueda beneficiar en las municipales del próximo mayo”, señalaban ayer fuentes gubernamentales. Las mismas fuentes añadieron que los trámites legales para que el voto de la inmigración no comunitaria sea un hecho necesitara su tiempo.

Por otra lado, De la Vega aseguró ayer que “el Gobierno financia tanto las plazas de la Comunidad de Madrid [para acoger inmigrantes] como las de las ONG”, aunque la primera sólo ofertó 100 plazas y las segundas 2.900. El viceconsejero madrileño Carlos Clemente, replicó que el Gobierno “no ha financiado ni una sola plaza” de la comunidad.