LA vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció su viaje a Finlandia para reclamar más ayuda de la UE, o mejor una ayuda verdaderamente eficaz en lugar de actuaciones de alcance testimonial.

Al mismo tiempo, De la Vega comprometió las comparecencias parlamentarias de los ministros de Exteriores y de Interior, y comunicó también la convocatoria del foro de inmigración que reúne a las autonomías para una distribución de fondos paralela a la distribución de problemas.Por partes. De la nueva llamada a la UE no cabe esperar demasiado si los pronósticos han de basarse en los resultados de las anteriores. Las comparecencias en sede parlamentaria servirán para colocar en un mismo marco de debates lo que ya han venido adelantado los portavoces de los partidos en ruedas de prensa, con la positiva diferencia de que las palabras no se las llevará el viento sino que pasarán al libro de actas. Más interesante en este momento es el encuentro con los representantes de las Comunidades Autónomas porque será inevitable la exposición real del problema y la consideración del mismo como lo que es, una cuestión de Estado, por más que el Gobierno haya evitado ese tratamiento con su política de parches.

Se mire como se mire, es evidente que el Ejecutivo ha llamado a las CC AA cuando los inmigrantes de los cayucos llegan por miles en una semana, no por cientos, y en el momento en el que los centros de acogida de Canarias, algunos de ellos de precaria urgencia, rozan el hacinamiento. Seguro que no hay una única solución, sino un conjunto de tentativas y todas ellas difíciles, por lo que se impone un pacto de Estado para situar el trabajo en las vías del realismo eficaz, al margen de demagogias. Se trata de vidas humanas