La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado al PP de hacer “una cuestión partidista” del reparto por comunidades de los menores migrantes no acompañados que llegan a España, si bien ha señalado que es “optimista” y ve aún posibilidad de acuerdo: “No hay que cerrar ninguna vía”.

“Es imprescindible hacer este ajuste”, ha dicho la ministra en una entrevista este lunes en RNE, en la que ha culpado a las comunidades autónomas del PP de “bloquear” el acuerdo en la Conferencia de Presidentes de este viernes y ha afirmado que “no existe un problema económico”.

Rego ha asegurado que “el Gobierno tiene toda la voluntad de financiar la sostenibilidad del sistema de acogida” y desarrollar un acuerdo que permita salvar los obstáculos de carácter competencial.

La ministra ha insistido en “la voluntad explícita” del Gobierno de acompañar a las comunidades con recursos económicos, y ha afirmado que desde esta óptica se abordan los Presupuestos Generales del Estado.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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A la pregunta de si el Gobierno se plantea legislar este tema por decreto, la ministra ha explicado que lo que hay sobre la mesa es la posibilidad de la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, para habilitar un sistema “garantista y estable” que permita un sistema de acogida solidario y vinculante en todas las comunidades.