Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias redactan una propuesta de decreto ley sobre la acogida de menores migrantes no acompañados por parte del conjunto de autonomías que tendría el respaldo de Junts y, por tanto, “contaría con siete votos más que la que se trató de aprobar con anterioridad”.

Así lo ha anunciado este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias su portavoz, Alfonso Cabello, quien ha estimado que, de aprobarse, esta iniciativa permitiría dar respuesta en tres meses de manera puntual al “colapso” que se registra en el archipiélago.

Tras terminar sin acuerdos la Conferencia de Presidentes que, a juicio de la Administración que preside Fernando Clavijo, los únicos “papeles” que se presentaron sobre esta cuestión fueron los que consensuaron Canarias y Euskadi, como una medida ‘’para ganar tiempo’’ hasta que se logre reformar la ley y crear un mecanismo automático que permita distribuir a los menores migrantes por todo el territorio nacional.

Ahora el Ejecutivo del archipiélago pondrá en breve sobre la mesa del Gobierno central esa propuesta de decreto ley.

En este sentido, la acogida obligatoria de menores migrantes entre todas las comunidades sigue bloqueada. La Conferencia de Presidentes tampoco sirvió al Partido Popular para apoyar la modificación de la ley de extranjería, (aunque fue el propio partido el que pidió que se incluyera en el orden del día y el que aseguró en junio que no apoyaría la reforma si no se convocaba este encuentro). Clavijo, tras el encuentro dijo que había sido “una oportunidad perdida’’.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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El portavoz Alfonso Cabello también precisó este lunes datos de llegadas de migrantes a las islas, donde se han registrado 43.682 migrantes, de los que 5.588 son menores de edad.