La ONG Human Rights Watch (HRW) ha cifrado en al menos 1.360 los niños que no se han vuelto a reunir con sus padres seis años después de que el Gobierno de Estados Unidos los separara de manera forzosa en la frontera con el fin de disuadir a otros migrantes que pretendieran cruzar al otro lado. En su último informe titulado “Tenemos que llevarnos a los niños: Tras seis años de la política de Tolerancia Cero, la rendición de cuentas es nula”, concluye que el Gobierno de Estados Unidos no solo llevó a cabo estas prácticas, sino que además después no abordó debidamente el daño grave que se les causó. “Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias”, ha alertado Michael García Bochenek, abogado de HRW y autor del informe. “Un Gobierno nunca debe actuar contra niños y niñas para enviar un mensaje a sus padres”, ha dicho Bochenek. El informe apunta que la administración estadounidense podría haber incurrido en un delito de torturas al poner en marcha estas medidas que supusieron la separación forzada y deliberada de miles de menores de edad. En se sentido, HRW, en colaboración con otras ONG locales, han establecido que hubo “altos funcionarios” que intentaron mantener a estos menores separados de sus padres incluso cuando algunas agencias federales intentaron reunirlos. El Gobierno de Estados Unidos separó a más de 4.600 niños de sus padres entre 2017 y 2021.
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Los 1.360 cuyo paradero todavía no se ha informado representan casi el 30 por ciento de los que fueron separados bajo la Administración de Donald Trump. Aquella administración logró la separación de miles de familias gracias a la aplicación “novedosa” de leyes, con las que en un primer momento procesaron a los progenitores por “entrada ilegal” al país, transfiriendo a los menores desde diversas agencias mientras los padres comparecían ante los tribunales Un fallo judicial en junio de 2018 frenó en parte las acciones del gobierno. Sin embargo, otra decisión de los tribunales permitió que esto continuara, lo que supuso cientos de separaciones hasta finales de 2019. HRW denuncia que las autoridades estadounidenses no hicieron posteriormente lo necesario mantener un registro de todas estas personas, lo que significa que muchos de los padres regresaban de haber testificado en los tribunales sin conocer el paradero de sus hijos. Asimismo, el informe alerta de que algunos de los principales responsables de esas medidas han sido elegidos por el presidente electo Donald Trump para ocupar puestos de relevancia durante la nueva administración que comienza en enero. Se trata, entre otros, de Thomas Homan, elegido para llevar el control de las fronteras, o Matthew Whitaker, a quien Trump ha designado para ser el representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN.
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La ONG ha reclamado que el Senado no acepte estas y otras designaciones por su implicación en estas políticas, al mismo tiempo que ha recordado que la única manera de afrontar estas “graves violaciones” contra los Derechos Humanos que se cometieron pasa por una “rendición de cuentas, una disculpa, un resarcimiento y posibles procesos penales”.