«No somos refugiados sino repatriados. Tenemos nacionalidad española. Hemos perdido nuestras casas bombardeadas, trabajos y a varios familiares de primer grado. Somos víctimas de un genocidio». Así hablaba en el Ayuntamiento Jon Basabe, de Ongi Etorri Errefixiatuak, en nombre de Baraa Al Ghamri, un joven hispano gazatí que llegó a Vitoria desde Gaza en diciembre del pasado año junto a sus padres, hermanos y sobrinos y otras cuatro familias idéntica situación. Además de los niños, dos de las mujeres están embarazadas. Viven en hostales, no encuentran viviendas de alquiler y temen que a partir del 1 de enero no tengan ni siquiera techo.

Aunque el concejal de Políticas Sociales, el peneuvista Lucho Royero, les tranquilizó y dijo que el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos de su alojamiento si el Ministerio de Migraciones decide dejar de ayudar a este colectivo repartido por toda España, lo cierto es que su situación es tremendamente compleja. «Excepcional», en palabras de los partidos de la oposición. Los Servicios Sociales municipales estudian cada caso para ver qué salida poder da a su situación habitacional, pero eso no logrará borrar de sus memorias lo vivido, según el relato del joven palestino.

Bombardeos, ataques, falta de agua y comida, sin casas, sin luz, sin gasolina, sin lumbre donde calentarse… «Hemos estado en condiciones sanitarias e higiénicas extremas, la poliomielitis ha reaparecido en Gaza. Han destruido la mayor parte de las viviendas, hospitales y escuelas y hay una letrina para cada 400 personas».

Los padres de Baraa llegaron a Valencia en 1998 para estudiar un posgrado universitario y allí nacieron sus hijos. Regresaron a Gaza en 2012. Vivían en una casa junto al mar y pese a los otros conflictos con Israel «éramos felices». Hasta el 7 de octubre del pasado año.

Lograron salir de la franja pero a todos su problemas en Vitoria han añadido el de la imposibilidad de encontrar una vivienda digna. Les piden nóminas de dos años trabajados, han sufrido rechazo por su origen e incluso les estafaron. La ONG que les ayuda tampoco logra encontrar nada.

Víctimas de terrorismo
Ante esta situación, Jon Basabe propone al Ayuntamiento tratar el caso de estas cinco familias de manera similar al de las víctimas españolas que han sufrido terrorismo fuera del país y se basó en las investigaciones abiertas por organismos internacionales, entre ellos la Corte Internacional de Justicia, para que se declare que el asedio de Israel a Gaza es un genocidio.

De manera paralela piden a la alcaldesa Maider Etxebarria que interceda en Madrid «para que prorrogue el programa que paga las habitaciones en hostales». Y si el Ministerio no alarga las ayudas, ruegan al Ayuntamiento de la capital alavesa que «ofrezca una solución con sus recursos o en colaboración con Alokabide del Gobierno vasco».

El Movimiento de Pensionistas cedió la palabra a este colectivo en su concentración de los lunes y tienen previsto convocar otra movilización en Navidad «que esperamos no haga falta realizar porque para entonces ya se haya encontrado una solución», indicó el portavoz de Ongi Etorri Errefuxiatuak.