l Gobierno Vasco recibirá antes de que finalice el año la transferencia para poder autorizar los permisos de trabajo de las personas migrantes en el País Vasco. La tramitación de estas autorizaciones puede hacerse efectiva a lo largo de 2025 y satisface una lógica demanda planteada durante tiempo desde las instituciones vascas. Es buena noticia que debe ser saludada y reconocida porque pone en valor el principio de proximidad que mejora la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. El mismo lehendakari Imanol Pradales se muestra satisfecho porque es consciente de que posibilitará ofrecer una formación a un colectivo –hasta 5.000 personas– al que con el mantenimiento del actual estatu quo se le puede condenar a trabajar en la ‘economía sumergida’, con los efectos negativos que encierra esta deriva en múltiples facetas. La realidad del mercado de trabajo y la propia evolución demográfica de Euskadi –con un sensible aumento de la población más envejecida y más dependiente– aconsejan simplificar las tramitaciones administrativas y acercar las decisiones a las instituciones que gestionan desde la cercanía y el principio de realidad. Numerosas trabajadoras y trabajadores lo van a agradecer, sobre todo en los sectores más afectados: el mundo de los cuidados, de los servicios sociales y de la hostelería, en los que sigue siendo necesario ofrecer mayores garantías y empleos de mayor calidad. Los permisos van a permitir a los empleados poder trabajar regularizados y cotizar a la Seguridad Social, lo que supone un evidente avance en el afianzamiento de sus derechos y sus obligaciones como asalariados. Y los empresarios también van a conseguir un marco de estabilidad que reduzca la precariedad aún demasiado elevada. Los poderes públicos no solo deben garantizar las políticas activas de formación sino también estrategias de inserción laboral más efectivas. Tras los acuerdos logrados para transferir litoral y cinematografía, y ahora el de permisos de trabajo para migrantes, falta cerrar los flecos de Salvamento marítimo, Metereología y el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo para hacerlos efectivos en enero. El Estatuto va cerrando sus capítulos, a veces con excesiva dilación. Son compromisos complejos técnicamente que exigen discreción y voluntad política para optimizar el uso de los recursos públicos.