Alrededor de 64.000 presos se hacinan en las cárceles españolas. La población reclusa crece al ritmo insostenible de 1.000 nuevos internos cada tres meses. Los cambios en el Código Penal y el crecimiento de la delincuencia han disparado la cifra hasta llevar el sistema penitenciario al borde del colapso.

En medio de este panorama desolador, hay un dato especialmente llamativo. Alrededor del 31% de los presos unos 19.919 reclusos no ha nacido en España. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias anuncia ahora un plan para promover que estos inmigrantes puedan cumplir condena en sus países de origen.

La idea no es novedosa. El Convenio de Estrasburgo al que se han ido adhiriendo decenas de estados en todo el mundo permite el traslado de reclusos foráneos a cárceles de sus países de origen. Y viceversa: la posibilidad de que españoles presos en el extranjero cumplan sus condenas aquí.

En España son pocos los reclusos extranjeros que se han acogido hasta ahora a esta posibilidad, bien por desconocimiento, bien porque el trámite era demasiado lento y demasiado costoso. Instituciones Penitenciarias prevé aligerar el papeleo, informar mejor a los presos y firmar acuerdos con nuevos países.

El colectivo más numeroso en nuestras prisiones es el marroquí (con 5.441 personas), seguido del colombiano (2.137) y el rumano (1.365). España tiene convenio con estos tres países, pero no siempre es fácil cerrar los traslados. Instituciones Penitenciarias apunta que nuestro país podría aportar a cambio ayudas económicas para la mejora de los sistemas penitenciarios de los estados que reciban reclusos. El trueque no parece serio. Si estos países han firmado los tratados, el Ejecutivo debe exigir que los cumplan a cambio de nada en vez de entregarles un dinero que en muchos casos puede terminar en los bolsillos de burócratas corruptos.

En cualquier caso, la iniciativa del Ministerio del Interior es positiva. La superpoblación endurece las condiciones de vida en prisión y dificulta la labor de reinserción prevista por la Constitución Española. Eso sí, el Ejecutivo debe cerciorarse de que los reclusos cumplirán de verdad su condena en los países de origen y de que lo harán en unas condiciones acordes con la dignidad humana, algo no muy frecuente en ciertas latitudes. Hay que enviar a quienes llegan legal o ilegalmente a nuestro país el mensaje nítido de que delinquir no es una vía para quedarse.