UNA JUEZ ALICANTINA está investigando un nuevo caso de extrema gravedad referido a presuntos malos tratos a detenidos en dependencias policiales. En esta ocasión, el asunto salpica no sólo ya a al menos nueve agentes de la Policía Local de Torrevieja, sino incluso a dos concejales del mismo municipio, ambos del PP, partido al que también pertenece el alcalde. Se trata, desgraciadamente, de un nuevo caso más de los que de forma periódica saltan a la luz pública y alarman a la ciudadanía. Lo llevan denunciando, con bastante poco éxito, diversas organizaciones humanitarias, así como Amnistía Internacional y el propio relator de la ONU para la tortura. Poco, sin embargo, parece que se han preocupado las autoridades españolas en poner coto a este tipo de actos delictivos y execrables, que atentan contra los más elementales derechos humanos.

EL EJEMPLO LO ha puesto el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, quien, en un alarde de hipocresía y de nulo tacto democrático, ha insistido en que el asunto que ha salpicado a dos de sus concejales, al jefe de su policía municipal y a ocho agentes de la misma «no es de gravedad». ¿Qué puede ser de mayor gravedad para el primer edil de la ciudad española que atesora el dudoso honor de liderar el ranking de municipios con mayor incidencia de criminalidad? Si las denuncias de malos tratos y torturas en dependencias policiales de su Ayuntamiento le parecen poco, el señor Hernández Mateo tiene, además, otros motivos de preocupación. Todo parece indicar que existía una especie de red entre los funcionarios y los dos ediles imputados para tapar los malos tratos incluso con partes médicos amañados, gracias a que uno de los concejales, médico de profesión, era también responsable de un centro de salud. Además, la oposición ha denunciado contrataciones irregulares de policías, sin concursos ni oposiciones. Toda una trama delictiva de la que el alcalde, en vez de minimizar lo ocurrido, debería facilitar su total esclarecimiento. O callar y dimitir.