El Gobierno convocará en los primeros meses del próximo año “la cuarta conferencia sectorial en materia de inmigración con las comunidades autónomas”. Será, según ha señalado la ministra de Seguridad Social y Migraciones, en “enero y febrero”, aunque Elma Saiz no ha detallado qué medidas concretas o actuaciones quiere discutir o desarrollar.

“Habrá ocasión de esa participación y ese diálogo compartido para el desarrollo de las normas en las que hay que seguir trabajando”, se ha limitado a apuntar Saiz este jueves en Bruselas, en donde participa en el Consejo de Asuntos de Interior junto de la UE junto al ministro Fernando Grande-Marlaska.

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En todo caso, la responsable de Migraciones sí ha querido aprovechar la ocasión ante los medios para asegurar que es necesario ser “contundente contra cualquier mensaje que hable de xenofobia”. “Como he dicho más de una vez, no se trata solamente de no ser racistas, sino que hay que ser antirracista. Los responsables públicos y en general las fuerzas políticas. Eso es a lo que apelo, a la responsabilidad y a afrontar este desafío compartido de una manera positiva”, ha añadido.

La convocatoria del Gobierno se produce en un momento en el que la cuestión inmigratoria es también uno de los temas capitales en las discusiones de la UE, y en donde las “soluciones innovadoras” tienen cada vez más peso. Entre ellas se incluyen los centros de detención para inmigrantes fuera de la Unión Europea, actuación que está siendo ya aplicada e impulsada por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y quien precisamente ayer fue condecorada por el Gobierno.
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Preguntada por esta cuestión, Saiz ha subrayado que “es importante ver cuál es la respuesta del derecho internacional, y cada vez que ha habido algún intento de esas soluciones innovadoras que restrinjan derechos ha recibido un tirón de orejas por parte de la legislación internacional”.

“Saben perfectamente que la política migratoria de España es evidentemente otra y trabajamos siempre poniendo en el centro los derechos humanos y con un respeto máximo de la legislación internacional”, ha añadido. El Gobierno, en concreto, defiende que es necesario llevar a cabo actuaciones en los países de origen de la inmigración y que los centros de detención no sirven para parar la inmigración ilegal. Esta postura, sin embargo, es cada vez más minoritaria en Europa, ya cada vez más países están mostrando sus interés por los denominados hubs y, de hecho, ya un tema que ya se ha tratado y se seguirá discutiendo en los Consejos Europeos de los presidentes de Gobierno.