La Unión Europea da un paso más en su mano dura con la inmigración. Los ministros de Justicia, reunidos el viernes en Bruselas, fijarán su posición para actualizar la directiva de 2002 sobre el tráfico ilícito de migrantes. Solo España votará en contra. De la nueva normativa se cae la cláusula humanitaria. El reglamento comunitario abre así la puerta a la criminalización de la solidaridad y la ayuda a las personas migrantes y da alas a los países europeos para que incrementen las multas y persecuciones contra las ONG.

La Directiva vigente destinada a “definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares” establece que los Estados miembros adoptarán sanciones “contra cualquier persona que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a permanecer en el territorio de un Estado miembro, vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre estancia de extranjeros”. Y prosigue: “Los Estados miembros podrán decidir, en aplicación de su legislación y de sus prácticas nacionales, no imponer sanciones a la conducta definida en la letra en los casos en que el objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. El Consejo de la UE votará mañana a favor de una modificación que elimina esta última cláusula humanitaria del articulado y la relega a una mera mención en el preámbulo de la nueva normativa.

España se quedará solo al votar en contra. Por el fondo y las formas: eliminar la cláusula humanitaria envía un mensaje político “preocupante” y, a su vez, rebajar el estatus del artículo a una mera mención inicial le resta poder jurídico, pues deja de ser vinculante. Las Directivas europeas fijan un umbral mínimo que unifica lo que debe ser considerado delito en toda la UE. En este caso, sería la ayuda a migrantes cuando existe ánimo de lucro. Ese es el mínimo, pero cada Estado miembro puede endurecer e incrementar su penas incluso cuando no exista ese beneficio económico. España pide que al menos no se elimine la prerrogativa humanitaria. Pero está sola. Algunos Estados miembros comparten sus motivaciones pero no ven ningún incentivo para oponerse en un momento en el que se ha endurecido la entrada y el asilo de personas migrantes a lo largo y ancho de la UE.

España es clara: no lo va a aplicar. Pero tiene un problema añadido. La medida choca, con su Código Penal, que sí hace referencia a esta cláusula humanitaria. Desde la Comisión Europea han intentando calmar los recelos españoles transmitiéndole que no hay nada de lo que preocuparse, ya que el artículo que desaparece está presente en un considerando que no es vinculante. Pero las dudas están ahí. La cuestión podría terminar en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si alguien interpone una demanda por considerar que España no está aplicando ese mínimo fijado en la capital comunitaria.

Uno de los vacíos legales presentes es que la definición de ánimo de lucro es ambigua. Hace años, las fuerzas de extrema derecha comenzaron a vincular la inmigración irregular con los traficantes de personas. Ahora el discurso que pone el foco en este aspecto es compartido y prioritario por todos en Bruselas y en la mayoría de capitales europeas. A su vez, ha ido ganando terreno el mensaje que asocia a las ONG de rescate con el contrabando. Y ahí, hecha la ley; hecha la trampa.
Más multas y juicios

Sin un requisito legal que prohíba la persecución de la ayuda a los migrantes existe una auténtica preocupación de que los Estados miembros aumenten los procedimientos legales. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que abrirá la puerta a la criminalización de los migrantes y de la solidaridad ampliando la definición del delito y aumentando las penas de prisión. “Los gobiernos europeos han tomado medidas cada vez más duras contra los migrantes y las personas que les ayudan. Esta votación va en la dirección de una mayor criminalización, ya que se espera que más personas se enfrenten a juicios, multas y penas de prisión simplemente por ayudar a otras personas”, denuncia Marta Gionco, miembro de la Plataforma para las Personas Migrantes (PICUM)

La ONG ha documentado la creciente tendencia en los últimos años en territorio europeo. El año pasado, registró que 117 personas fueron criminalizadas por este motivo frente a los 89 casos de 2021. Estos números son “la punta del iceberg”, ya que se cree que son muchos más. Desde Francia hasta Italia o Chipre, cientos de personas han recibido multas administrativas por rescatar o ayudar a personas en peligro. La ola de acoso y derribo a su labor ha tomado diferentes formas: acoso extrajudicial, confiscación de material, restricción de acceso o detenciones e incautaciones de barcos.

El año pasado, Sarah Mardini, nadadora reconvertida en ayudante humanitaria en la isla griega de Lesbos que saltó a la fama internacional tras inspirar la película Las Nadadoras, fue acusada por Grecia junto a una veintena de miembros de la ONG Centro de Respuesta Internacional a la Emergencia (ERCI) de espionaje, tráfico de personas y pertenencia a organización criminal. Llegaron a pedirle 25 años de cárcel. “Me detuvieron porque cada noche, en la orilla, daba agua y mantas a los refugiados que llegaban”, narró.

En Italia, esta tendencia de estrangular a las ONG se ha redoblado tras la llegada de la ultra Giorgia Meloni, pero ya comenzó hace una década con el cierre de la operación Mare Nostum en 2014. Desde entonces los cooperantes son hostigados y acusados de actuar como contrabandistas o como un factor de atracción para aquellas personas que cruzan el Mediterráneo.

La tendencia hacia una mayor criminalización también podría afectar a las propias víctimas del tráfico ilícito, advierte PICUM, que recuerda que el derecho internacional es claro en cuanto a que los migrantes que son víctimas del tráfico ilícito no pueden ser criminalizados. “El nuevo texto solo lo menciona en un considerando no vinculante, lo que deja la puerta abierta a la criminalización de los propios migrantes y de sus familiares”, denuncia. Se espera que después de que el Consejo fije su postura y el Parlamento Europeo haga lo propio a comienzos del próximo año puedan arrancar los trílogos que terminarán de pulir la nueva normativa.